Pronunciamiento del grupo: Familias y Democracia
con motivo de las declaraciones de la Dra. María Carolina Restrepo C. Directora Nacional del ICBF.
Los pronunciamientos recientes de la directora
nacional actual del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en cuanto a lo
que ella nombra como familia y niñez, evidencian desconocimiento de la realidad
colombiana, de los cambios sociales, culturales y legislativos del país, y de
la trayectoria de la misma institución que dirige, lo cual puede afectar
gravemente su misión: liderar la protección de los derechos de las familias, y
de los niños, niñas y adolescentes.
Debemos a los estudios e investigaciones en familia
realizados por la antropóloga Virginia Gutiérrez de Pineda (1921 - 1999), en la
década de los años 60 del siglo XX, el reconocimiento de la existencia de
distintas formas de organización familiar en Colombia, lo que ella denominó el polimorfismo
familiar en distintas regiones del país. Es decir que además de la familia
nuclear, papá, mamá e hijos/as había otras configuraciones familiares también
muy importantes y significativas. Este estudio fue
el pionero de una variedad de investigaciones realizadas posteriormente en
varias universidades del país y financiadas por el Estado, las cuales han avanzado
la comprensión de las familias colombianas, confirmando que estas son diversas y
dinámicas y que tienen particularidades según las regiones, los factores
socioeconómicos, culturales y políticos.
Un ejemplo de ello
son las estadísticas. Según el estudio de Calidad de Vida del DANE de 2025 en
Colombia existen en alrededor de 18.9 millones de hogares de los cuales el 51.3%
son biparentales (padre, madre e hijos) y el 48.7% son formas de organización
distintas a la familia nuclear. De este último porcentaje, el 24.3% conviven
con padre o madre, y el 20.2% son y los hogares unipersonales. El DANE no
identifica cuántas familias son extensas y cuántas biparentales son conformadas
por hijos de uniones anteriores del padre o de la madre.
Desde el punto de
vista normativo, si bien la Constitución Política de 1991, en su artículo 42
enuncia la conformación de una pareja heterosexual como fundante de una
familia, no es menos cierto que en la sentencia T – 523 de 1992 la Corte
Constitucional reconoció la diversidad étnica y cultural de la nación
colombiana y señala la no existencia de una única forma privilegiada de
organización familiar. Por su parte el Consejo de Estado en la sentencia del 22
de julio de 2012 definió así esta institución:
La familia podrá
estar constituida por un padre o una hija, o por una madre soltera con su
respectivo primogénito, o por la tradicional decisión libre y voluntaria de dos
personas del mismo sexo que se profesan amor y desean realizar vida conyugal.
Las leyes y las
instituciones del Estado tienen la responsabilidad de dar cabida a la
singularidad de las personas y a la diversidad de sus formas de existencia, y
esto implica, por lo demás, construir desde el lenguaje mismo espacios de
reconocimiento e inclusión. Las políticas públicas y las instituciones que las
materializan deben acogerse a la Constitución Política y a las leyes, leer las
transformaciones en la sociedad y responder a ellas.
Ante las
directrices de la directora nacional del ICBF, que van contra la realidad y la
normatividad, nos preguntamos: ¿Significará qué las políticas, los programas y
proyectos de dicho instituto solo serán para las familias nucleares y las demás
familias serán desconocidas y desatendidas? ¿O habrá, entonces, una atención
preferencial para las familias nucleares y otra muy distinta, discriminatoria
para las otras formas de organización familiar? Debemos tener en cuenta que, cuando una
institución pública, como es esta institución, establece un modelo particular
de familia como parámetro de normalidad, quienes han crecido en familias
monoparentales, extensas, reconstituidas, adoptivas, homoparentales, de
crianza, o en configuraciones familiares distintas de aquella que se pretende
presentar como única y legítima, pueden sentir que no encajan en la sociedad y pueden
quedar expuestos a sentimientos de desvalorización, vergüenza, exclusión o
extrañamiento respecto de sus propios vínculos. El desconocimiento de la pluralidad,
la diversidad familiar no es inocuo para la subjetividad; negar esa diversidad
puede significar también negar una parte fundamental de las identidades de
quienes integran las familias.
En esta
perspectiva, consideramos que, una institución como el ICBF dedicada a la
protección de la infancia, la adolescencia y la juventud no debería convertir
las diferencias familiares en una marca de déficit, de desviación o desigualdad.
Las instituciones, y mucho más las estatales, están llamadas a acoger las
distintas formas en que las personas construyen sus vínculos, sus identidades,
sus historias, por género y generación, garantizando derechos sin convertir la
diferencia en una nueva forma de exclusión y desigualdad, ni el lenguaje
limitado en un propósito homogeneizador.
Imponer
la concepción de la familia nuclear como la organización más adecuada,
hegemónica y célula de la sociedad contiene una intencionalidad común: devolver
a las mujeres a las funciones hogareñas, a parir hijos así no los desee, a
salir del mercado laboral y perder su capacidad de proyectarse en la vida
tareas política y cultural de la sociedad. Los sueños de una sociedad
democrática se truncan, al pretender imponer las formas patriarcales
fundamentadas en el trabajo gratuito e invisible de las mujeres en el cuidado y
la reproducción de la vida. Este interés a su vez, facilita la disminución del
papel del Estado en el bienestar de la población, la disminución del gasto
social porque las funciones de protección, seguridad social, en general de
cuidado de aquellas y aquellos que solo pueden vivir con la ayuda de otra
persona, se relega a las mujeres de nuevo.
Algo similar sucede
cuando la directora Restrepo traza la directriz de hablar de niñez y no de
niños y niñas. La cuestión no es solo suprimir palabras, ahorrarlas o pasar de
plural a singular. La consecuencia de las nuevas formas de nombrar a los niños
y niñas significa negar su presencia como sujetos reales, situados y
construidos en sus particularidades, borrar realidades, desaparecer sujetos
activos de derechos y anular la diversidad. Además, consideramos que esa directriz
de utilizar el término niñez y suprimir la expresión diferencial por género y
edad viola el mandato del Código de la Infancia y la Adolescencia en todo su
articulado y especialmente las tres primeras disposiciones. En la perspectiva
de los derechos humanos es imperativo definir de manera explícita los sujetos
titulares activos de estos d derechos que son las niñas, los niños y
adolescentes. Es obligación del Estado promover, proteger, defender y
restablecer los derechos de todas las personas que se encuentren en su
territorio y el ICBF tiene que hacer lo propio y, en particular, hacer visibles
a las niñas y las adolescentes como titulares activas de todos los derechos y
los que les corresponden por su condición femenina, y de estar presentes en las
políticas y la gestión pública. De igual manera, debe promover y orientar esta
presencia en todas las instituciones públicas y privadas en todo el territorio
nacional a partir de las diversidades culturales. La Procuraduría General de la
Nación es la responsable y debe vigilar el cumplimiento de esta obligación.
Nos preocupa la
mirada regresiva de la actual directora nacional del ICBF, en cuanto a los
cambios sociales y culturales que han tenido las familias y el reconocimiento
de los derechos de ellas como institución y los derechos de los niños y niñas
por ser la población más vulnerable. Nos preguntamos: ¿La doctora María Carolina
Restrepo C., Abogada y
especialista en finanzas con experiencia en áreas jurídicas, financieras y
corporativas, por su formación y por sus posturas, será la
persona más adecuada para liderar una institución tan importante para el país como
lo es el ICBF?
Septiembre 26 de
2026
Blanca Inés Jiménez Zuluaga
Maestría en Ciencias Sociales
Ligia Galvis Ortiz
Abogada. Doctora en Filosofía
María Cristina Palacio Valencia
Socióloga. Con estudios de Maestría en
Ciencias Políticas
Yomaira García Acuña
Psicóloga. Magíster en Proyectos de
Desarrollo Social.
Especialista en Terapia Familiar
Doctoranda en Ciencias Sociales
Yolanda Puyana Villamizar
Trabajadora Social.
Magíster en Estudios de Población
Yolima Amado Sánchez
Psicóloga. Magíster en Psicoanálisis,
Subjetividad y Cultura
Pilar Morad Haydar
Trabajadora Social
Magíster en Estudios de Género
Amparo Micolta León
Trabajadora Social
Doctora en Estructura Social
Luis Julián Salas Rodas
Sociólogo
Especialista y Magíster en Ciencias
Sociales: Gerencia del Desarrollo Social
Magíster en Ciencias de la Educación:
Opción Desarrollo Social
