¿MINISTERIO DE
FAMILIA O MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE?
El Colectivo
Familia y Democracia pone a consideración del sector académico, político,
de activistas, movimientos sociales, ONG y de la población en general la
propuesta de creación en Colombia de un Ministerio de Desarrollo Humano y Sostenible
cuya misión será la orientación, coordinación y gestión del gasto del sector
social. De esta manera se establece el equilibrio entre los ejes del Estado
Social de Derecho que son los órdenes económico, político, la justicia, las
relaciones internacionales y el sector social. Esta propuesta surge como
respuesta a los proyectos de Ley de creación de un Ministerio de Familia, por
parte del partido Conservador y el partido Cambio Radical. La propuesta del
partido Conservador fue archivada el 21
de junio de 2019 por la Cámara de Representantes por cuanto solo tuvo uno de los cuatro debates
reglamentarios en la legislatura correspondiente.
Varios son los interrogantes que nos
suscita el archivo de la propuesta de creación del Ministerio de la Familia:
¿Por qué son iniciativas de los partidos y no del Gobierno Nacional, como lo establece
la Constitución Política (Art. 154 inciso segundo)?
¿Por qué solo tuvo un debate? ¿Qué
razones o motivos se presentaron para no continuar los otros debates
reglamentarios y se diera un primer debate en plenaria?
¿Será que el tema de familia se ha
convertido en “una papa caliente”, en un debate ideológico sobre el cual nadie
está dispuesto a darse el costo político de cambiar la legislación y
proponer otra arquitectura institucional
y, más bien, dejar el status quo actual?
Primeras
Consideraciones
En un Estado Social de Derecho las
instituciones son los instrumentos que ponen en marcha la gobernabilidad y
llevan a cabo las acciones pertinentes para cumplir con sus fines esenciales y
sus funciones constitucionales y legales; su gestión se orienta por los
principios y postulados establecidos en la Constitución Política y en las leyes
que la regulan. Colombia es un Estado social de derecho organizado como
República unitaria, descentralizada, democrática, participativa, pluralista,
fundada en la dignidad humana, en la solidaridad, y en el trabajo de quienes la
integran[1].
Estas características conforman el marco conceptual y político que orienta la función pública del Estado y
de las Entidades que lo conforman.
La República de Colombia es una unidad en
la pluralidad, lo cual supone el reconocimiento del arco iris cultural presente
en las regiones que la conforman; en ellas convive la trilogía étnica que dio
origen a un mestizaje, valioso culturalmente y con amplias potencialidades, que
corre por las venas de la población desde los tiempos de la conquista y que se
ha enriquecido con las últimas migraciones que han llegado al país. La
pluralidad étnica y cultural es reconocida en la Carta Política y en buena
medida justifican la existencia y descentralización de las regiones[2].
La República de Colombia es una
democracia en la que habrían de prevalecer los derechos humanos, la
participación ciudadana, la dignidad humana y la seguridad. Es un Estado Social
de Derecho cuyos frentes de acción son: la defensa y ejercicio de los derechos
humanos, la seguridad interna y externa, la economía, las relaciones
internacionales y el monopolio de la fuerza y de la justicia. Las instituciones
que le dan personalidad al Estado atienden estos cinco frentes bajo la suprema
dirección de la Carta Fundamental.
Los fines esenciales del Estado Social de
Derecho están enumerados en el artículo 2º de la Carta Constitucional; es bueno
recordarlos por cuanto ellos marcan el derrotero de las instituciones y
definen las obligaciones que les
corresponden en el marco constitucional y legal, estos son:
1.
Servir
a la comunidad.
2.
Asegurar
la efectividad de la Constitución.
3.
Facilitar
la participación de las personas y los grupos en las decisiones de su interés
en todos los escenarios de la vida nacional.
4.
Mantener
la unidad territorial y defender la independencia nacional.
5. Asegurar la convivencia pacífica y la
vigencia de un orden justo.[3]
Las autoridades deben proteger a todas
las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias,
garantizarles sus derechos y libertades así como asegurar el cumplimiento de
los deberes sociales del Estado y de los particulares[4].
El Estado Social de Derecho debe
consolidar un equilibrio entre lo político, lo económico y lo social; esto
quiere decir que en sus definiciones y principios el Estado tiene que atender
estos tres frentes en igualdad de condiciones ejecutivas, operativas y
financieras. Y lo mismo tendría que suceder en la institucionalidad correspondiente.
Problemas
en la estructura actual del Estado Colombiano
Una peculiaridad de la estructura del
Estado colombiano es el desequilibrio en la gestión del orden económico y
político, el manejo de las relaciones internacionales y de la justicia, y la
institucionalidad encargada de la gestión social. Con anterioridad a la
Constitución del 91 la gestión pública social y la gestión dirigida al orden
económico tenían orientaciones diferentes: el intervencionismo del Estado en el
orden económico y el asistencialismo para conducir la cuestión social. Con este
criterio se crea en 1958 el Departamento Nacional de Planeación -DNP- y el
Consejo Nacional de Política Económica y Social -CONPES- con la misión de
preparar las estrategias pertinentes para la ejecución de las políticas
públicas en el orden económico y social. El CONPES es una entidad puramente
técnica y asesora del poder ejecutivo en lo económico y social y su tarea se
orienta a los grupos en situación de vulnerabilidad.
En la esfera puramente social se crea en
1968 el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, que es la primera
institución de origen nacional y ente
rector del sistema nacional de bienestar familiar, el cual está configurado
como: “Un conjunto de agentes, instancias de coordinación y de relaciones
existentes entre estos, para dar cumplimiento a la protección integral de los
niños, niñas y adolescentes y al fortalecimiento familiar en los ámbitos
nacional, departamental, distrital y municipal”[5]. Esta entidad es eminentemente técnica,
inicialmente estuvo adscrita al Ministerio de Salud y tras la creación del
Departamento para la Prosperidad Social pasó a ser entidad adscrita a este
Departamento.
El Departamento para la Prosperidad
Social fue creado en el 2011 y restructurado en el 2015 bajo el nombre de
Prosperidad Social, como entidad responsable a nivel nacional para diseñar,
coordinar e implementar las políticas públicas para la superación de la pobreza
y la equidad social. Pretende erradicar la pobreza extrema y la pobreza multidimensional.
Lo integran cinco Entidades adscritas que son: la Agencia Nacional para la
Superación de la Pobreza -ANSPE-, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
-ICBF-, la Unidad para la Atención a las Víctimas, la Unidad para la
Consolidación Territorial y el Centro de Memoria Histórica. Como puede
apreciarse, las instituciones que hoy existen en Colombia para la gestión de
las políticas sociales son todas de orden técnico. La máxima jerarquía es la de
Departamento, solo existen dos relativos a la política social: el Departamento
Nacional de Planeación y el de
Prosperidad Social. Llama la atención el
caso de lo que se estableció para la Consejería para la Niñez y Adolescencia y
las del ICBF. El ICBF tiene a la familia dentro de una de sus estrategias y
programas pero su énfasis principal está en la protección y atención a la
infancia.
En suma, el Estado Colombiano no cuenta
con una estructura institucional que tenga a su cargo la gestión social en el
mismo nivel jerárquico del orden económico, de las relaciones internacionales,
de la seguridad y la justicia; todos estos frentes cuentan con sus respectivos
ministerios (Hacienda, Justicia, Interior, Defensa y Relaciones
Internacionales) mientras que los aspectos sociales se encuentran diseminados
en otras entidades. (Departamentos,
Consejerías, Direcciones, Unidades, etc.).
Esta dispersión institucional es el
resultado de la carencia de una idea clara de las finalidades esenciales del
Estado Social de Derecho por parte de quienes asumen las responsabilidades de
la gestión pública. En necesario señalar que además de los vacíos conceptuales
en el orden interno, el Estado colombiano centra sus prioridades en el
cumplimiento de los compromisos derivados de la globalización de la economía
(descentración del trabajo, intercambios comerciales y la inversión de
capitales extranjeros) y olvida que desde hace medio siglo circula en el
universo internacional otra globalización, como es el paradigma de los derechos
humanos. Este sistema universal también impone obligaciones jurídicas a los
Estados que ratifican los tratados internacionales de derechos humanos. En
consecuencia, el Estado colombiano tiene dos grandes fuentes de obligaciones
emanadas del orden internacional que, de cumplirse en igualdad de condiciones
podrían establecer el equilibrio institucional y financiero entre el orden económico
y el Estado social de derecho.
Una
institucionalidad equilibrada para el Estado social de derecho
¿De qué manera puede y debe el Estado
colombiano cumplir esas obligaciones? Es indudable que debe establecer una
política social que interprete y ponga en marcha los fines esenciales del
Estado social de derecho y que disponga con una institucionalidad de alta
jerarquía que tenga la suficiente autoridad para poner en marcha las políticas
sociales.
En este orden de ideas, la prioridad para
el Estado colombiano es crear una institucionalidad que responda a las
siguientes prioridades: i) poner en marcha los fines esenciales del Estado
social de derecho como lo ordena el artículo segundo de la Carta Política; ii)
cumplir con las obligaciones adquiridas en virtud de la ratificación de los
tratados internacionales de derechos humanos y del medio ambiente; iii) dar
curso a las obligaciones adquiridas a través de conferencias internacionales y
otros eventos como la Asamblea Extraordinaria de las Naciones Unidas que
estableció el compromiso de los Estados miembros con los objetivos del milenio
que se vencieron en el 2015 y de cuyo balance surgieron los objetivos del
desarrollo sostenible de 2017. Estos objetivos tienen la ventaja de que están
planteados no en coyunturas puntuales, sino en términos del desarrollo humano y
sostenible del planeta como son: la erradicación de la pobreza extrema y el
hambre, la educación primaria universal, la igualdad de género y el
empoderamiento de la mujer, la reducción de la mortalidad de niños menores de 5
años, la mejora de la salud materna, el combate al VIH-SIDA, la sostenibilidad
del medio ambiente y el fomento de la alianza mundial para el desarrollo. El
balance de los 15 años de vigencia de estos objetivos no presenta los éxitos
esperados y, para subsanar las carencias, la Asamblea General estableció 17
estrategias encaminadas a promover y garantizar el desarrollo humano y
sostenible.
Si se tiene en cuenta que estos objetivos
son compromisos que fortalecen el Estado Social de Derecho, la prioridad del
Estado es crear una institucionalidad apropiada que podría ser un Ministerio
del Desarrollo Humano y Sostenible. Este tema no se ha planteado en esta
administración pero dos campañas presidenciales del 2018 sí propusieron la
creación del Ministerio de la Familia. El proyecto de ley: Ministerio de
Familia, Sistema Único Nacional de Protección, Emprendimiento y Formación
integral de la familia, fue radicado en la Cámara el 20 de julio de 2018 por el
partido Conservador y archivado un año después, el 21 de julio de 2019, después
de un amplio debate que permitió identificar problemas de concepción,
financieros, burocráticos, y aún de redacción.
El hecho de que el proyecto esté archivado,
abre nuevamente la reflexión sobre la necesidad de establecer cuáles son las
prioridades del Estado colombiano para actualizar y adecuar las instituciones
públicas a las nuevas exigencias de las políticas sociales. Es en este marco
que se debe tomar la decisión de crear un Ministerio que les dé un estatuto
superior e integre los asuntos sociales. Así podrá subsanar la deuda histórica
que ha tenido el Estado con la gestión social. En ese marco ministerial, se
podrán atender las necesidades de las familias, el desarrollo y aplicación
de las políticas sociales con el enfoque
amplio de los derechos humanos y el desarrollo sostenible.
¿Es pertinente crear un Ministerio de la Familia?
Es verdad que la familia es una prioridad
olvidada en este país. La legislación sobre este tema es prácticamente
inexistente, la única ley específica sobre la familia es ley 1361 de 2009, de
Protección Integral a la Familia[6],
que le impone al ejecutivo la puesta en marcha de la política pública nacional,
departamental y municipal de apoyo y fortalecimiento a la familia: ya están los
lineamientos de la política nacional pero son pocos los departamentos, ciudades
y municipios que cuentan con estas políticas, y el CONPES que debe ser aprobado
sigue pendiente. El ICBF hace énfasis en la protección y atención a la infancia
mientras que el tema familia es secundario. Pero, ¿es pertinente crear un
ministerio de la Familia? O, ¿lo prioritario es equilibrar la gestión social y
la gestión relativa a la economía, la política y las relaciones
internacionales?
La estructura del Estado debe ser
construida en función de los pilares que lo sustentan y lo definen. En Colombia
el déficit está en la institucionalidad para la política social, luego es en
este campo que hay que buscar la solución para hacer visible a la familia como
actor político. En primera instancia hay que modificar el hilo conductor de la
gestión social, se debe salir del asistencialismo a las poblaciones en
situación de vulnerabilidad para pensar en la calidad de vida de la gente,
basada en sus derechos, así debe interpretarse el servicio a la comunidad que
aparece como uno de los fines esenciales del Estado Social de Derecho. En este marco del desarrollo humano y
sostenible la gran protagonista deben ser las familias y sus integrantes. En
efecto, de lo establecido en la Constitución Política se desprende que la
familia es un sujeto colectivo porque es titular de derechos y agente garante
de los derechos de sus integrantes. En esta medida la familia es un agente
político interlocutor de la sociedad y del Estado y en consecuencia, debe ser la
actora central en los escenarios de las políticas públicas sociales por cuanto
por su intermedio, es más factible la articulación y la coordinación de las
políticas relacionadas con sus integrantes y con sus entornos: el medio
ambiente, la seguridad alimentaria, la erradicación de la pobreza y los otros
objetivos del desarrollo sostenible.
La unificación institucional de la
gestión y las políticas sociales para las familias en Colombia concebida en el
marco del desarrollo humano y sostenible es una respuesta más integral y
estratégica porque evita la tendencia actual a la sectorización de la
institucionalidad que abre las puertas para la reivindicación de ministerios
específicos como el Ministerio de la Mujer que desde hace un tiempo se está
solicitando y fortalece la atención dispersa a grupos de población, lo cual va
en contravía de la necesidad de integrar los programas y los recursos
destinados a las políticas sociales[7].
Un Ministerio de Desarrollo Humano
Sostenible pondría en práctica el Estado Social de Derecho consagrado en la
Constitución de 1991. Este Ministerio se encargará de coordinar las políticas
de equidad de género, de la garantía y restablecimiento de los derechos de la
infancia y la adolescencia, de promover las oportunidades para la juventud, de
la promoción y defensa de los derechos de la vejez, entre otras funciones, y de
articular programas que garanticen la realización de los derechos de las
familias en armonía con la realización de los derechos de sus integrantes. Se reconoce
que atender las problemáticas que afectan a cada integrante de una familia o a
cada sector o grupo de población, garantizar sus derechos y brindar las
oportunidades para el mejoramiento de su calidad de vida, mejora también la
calidad de vida de las familias. No obstante, este camino de diferenciación y sectorización que prima
en la actualidad en el cumplimiento de las obligaciones del Estado y la
sociedad en Colombia, detiene el desarrollo, constituye un obstáculo para la
comprensión y visión integral de la familia; igualmente, dificulta la gestión
pública, la integración, coordinación y racionalización de los recursos
destinados a las políticas sociales.
Otra objeción
de fondo a la creación de un Ministerio de la Familia es el trasfondo
ideológico que sustenta el proyecto presentado a la Cámara de Representantes
pues presenta a la familia como núcleo de la sociedad, un núcleo “armónico y
funcional”; no tiene en cuenta sus dinámicas o su articulación con los procesos
económicos, sociales y políticos; mantiene la enunciación taxativa del artículo
42 de la Constitución Política respecto a la concepción de familia según el
modelo nuclear convencional, basado en el matrimonio heterosexual; y su
finalidad es la procreación biogenética. Estas características le plantean al
posible Ministerio de la Familia el imperativo de ser el guardián del orden y
olvida los desarrollos jurisprudenciales del Consejo de Estado, la Corte
Constitucional y la Corte Suprema de Justicia de Justicia los cuales buscan
ajustar la concepción de la familia a las nuevas realidades y transformaciones
de los últimos años que tienen que ver con la pluralidad, diversidad y formas
de organización.
En el proyecto
de Ministerio de la Familia discutido en la Cámara de Representantes tampoco se
tiene en cuenta la Ley 1361 de 2009 de Protección Integral a la Familia, y la
reforma del 2017, ni el documento de la Política Pública Nacional de Apoyo y
Fortalecimiento a la Familia, que formuló el Ministerio de Salud y Protección
Social, con el apoyo de la Comisión Técnica Nacional de Familia, según mandato
de dicha Ley.
Esta mirada
ideologizada y parcial de la familia desconoce la función del Estado de reconocer,
respetar, proteger y defender la diversidad y complejidad de las
organizaciones familiares existentes en
el país. La responsabilidad del Estado es validar el fortalecimiento de sus
potencialidades, garantizar el despliegue de las capacidades, brindar y darle
sostenibilidad a las oportunidades para los diversos grupos familiares, no solo
en los múltiples y diversos territorios sino también en las múltiples
realidades culturales y socio económicas.
Es en el marco del Ministerio de
Desarrollo Humano y Sostenible, como se deberá responder a la necesidad de
poner en marcha las políticas que aseguren la calidad de vida de todas las
personas titulares de los derechos humanos: los derechos civiles y políticos y los
derechos económicos, sociales y culturales y las estrategias relacionadas con
el desarrollo sostenible, y de las familias como sujetos colectivos de derechos
y garantes de los derechos de sus integrantes.
Aún es tiempo para abrir y participar en
este debate que tiene repercusiones importantes para el país y para la
realización del Estado social de derecho con los parámetros nacionales e
internacionales que el Estado colombiano debe tener en cuenta.
Colectivo Familia y Democracia, agosto de
2019.
COLECTIVO
FAMILIA Y DEMOCRACIA
Razón de ser
El
Colectivo Familia y Democracia es un escenario de debate crítico y flexible y
de conversación no institucional, que, sin pretender consensos absolutos ni
decisiones unánimes, se ocupa de asuntos de relevancia nacional e internacional
relacionados con la familia y sus integrantes individualmente considerados. Lo
integran profesionales de diferentes disciplinas con una fuerte convicción y
compromiso ético y político con el conocimiento y las realidades que la
afectan; conjugamos nuestros saberes y ejercicios profesionales e
investigativos para contribuir a la transformación de los modelos
tradicionales, hegemónicos y autoritarios que han orientado las dinámicas
familiares, propiciado formas de violencia en su interior y desconocen la
dignidad y los derechos humanos de sus integrantes.
Somos
voces alternativas a las corrientes tradicionales que pretenden imponer su
concepción hegemónica y autoritaria sobre la familia sin tener en cuenta sus
dinámicas actuales, sus diferentes formas de organización y las
particularidades de sus integrantes.
Nuestra concepción de familia
Miramos
la familia en su dimensión histórica y en sus contextos económico, social,
político, ambiental y cultural. Resaltamos su capacidad para establecer
relaciones democráticas en su interior, la consideramos como agente político
interlocutor de la sociedad y del Estado y sujeto capaz de participar en los
asuntos y decisiones de su interés. En esta calidad, es un ente articulado a
los otros factores del desarrollo social y sostenible como son el medio
ambiente, el mercado, los sistemas de educación y de salud, así como de las
organizaciones sociales y las comunidades. Por estas consideraciones, la
familia es un sujeto colectivo de derechos y obligaciones que se enmarca en la
pluralidad en sus formas de organización, la diversidad étnica, de género,
generacional y cultural, la integralidad y demás principios que orientan la
Constitución Política colombiana.
Objetivo y modalidades de trabajo
Nuestro
objetivo es desarrollar, divulgar, impulsar debates y realizar estudios que
lleguen a todos los niveles sociales y territoriales y tengan incidencia en las
instancias de decisión, construcción y difusión de leyes, políticas y programas
relacionados con las familias y la realidad social que las rodea. Nos
pronunciamos mediante estudios de fondo que, en el marco del pensamiento
contemporáneo, permitan divulgar las concepciones contemporáneas y democráticas
sobre la familia y sus contextos; igualmente, haremos pronunciamientos que
tengan que ver con las situaciones de coyuntura y las decisiones que tomen las
autoridades sobre la familia y sus integrantes.
Trabajamos
con independencia conceptual y política, con la flexibilidad necesaria para
garantizar la diversidad y el pluralismo cultural, regional, social e
intergeneracional característico de la nación y de las familias en Colombia.
Utilizaremos los medios y las nuevas tecnologías de la comunicación para que
estas voces lleguen a todos los confines y rincones del país.
Integrantes del Colectivo Familia y
Democracia:
Blanca
Inés Jiménez Zuluaga
Trabajadora social. Medellín
Trabajadora social. Medellín
María
Cristina Palacio Valencia
Socióloga. Manizales
Socióloga. Manizales
Yolanda
Puyana Villamizar
Trabajadora social. Bogotá
Trabajadora social. Bogotá
Pilar
Morad Haydar
Trabajadora social. Cartagena
Trabajadora social. Cartagena
Raúl
Jaimes Hernández
Psicólogo. Bucaramanga
Psicólogo. Bucaramanga
Yolima Amado Sánchez
Psicóloga. Bogotá
Yomaira
García Acuña´
Psicóloga. Barranquilla
Psicóloga. Barranquilla
Ligia
Galvis Ortiz
Coordinadora
del Colectivo Familia y Democracia
Abogada y filósofa. Bogotá
Abogada y filósofa. Bogotá
Luis
Julián Salas Rodas
Secretario
del Colectivo Familia y Democracia
Sociólogo. Medellín
Sociólogo. Medellín
[1] Constitución Política –CP-
Art. 1º
[2] C.P. Art. 7º
[3] C. P. Art. 2º inc. 1º
[4] C. P. Art. 2º inc. 2º
[5] Página Web. Icbf.gov.co
[6] Reformada por la ley 1857 de 2017
[7] Después
de analizar la creación de Ministerios de Familia o propuestas afines en
algunos países de Latinoamérica, se pudo concluir que: la creación o
la propuesta de creación de ministerios que en su denominación incluyen el
vocablo familia, se ha sostenido principalmente en cuestiones de orden
administrativo o presupuestal, sin que ello implique mayor atención a las
familias o sus integrantes; por el contrario, tales carteras ministeriales
terminan delegando en otros organismos el que se ocupen de definir, ejecutar y
realizar el seguimiento a los grupos poblacionales que cada Estado considera
que se encuentra en mayor situación de vulnerabilidad, siendo la niñez en
general la beneficiaria de los mayores esfuerzos, por lo que se desdibuja el
quehacer con las familias, habida cuenta de la atención a cada grupo
poblacional.
