Comunicado a la Opinión Pública
Colectivo Familia y Democracia
Necesidad de cambios del Gobierno Nacional en
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
1. El Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, ICBF, fue creado en 1968, por el gobierno del presidente Carlos Lleras
Restrepo, con la ley 75, como el ente encargado de la “Integración de la
familia y la protección de la niñez”. Entre sus propósitos estaban: evitar “la
irresponsabilidad familiar” a través del fortalecimiento de la paternidad
responsable, el cuidado de los adolescentes, -unos ya privados de libertad en
esa época-, la desnutrición y, principalmente, el cuidado de la primera
infancia, mientras las madres trabajan.
Desde 1974 se asignó el 3% al
ICBF, de la nómina de las empresas lo que permitió tener un presupuesto propio
por varias décadas y desarrollar proyectos y programas en continuo crecimiento
y poco cuestionados, a no ser que se le acuse como a todas las instituciones
estatales de corrupción. La inversión se ha mantenido estable desde entonces. En
el empalme con el gobierno actual se publicó un presupuesto de $36.184.552.000
billones para el cuatrienio, lo que representa un monto superior al de otros
ministerios. De esos recursos, el 73% está
dedicado a atención a la Primera Infancia.
2. En sus 54 años el ICBF ha tenido importantes
logros misionales en atención y cobertura poblacional y geográfica a los grupos
más vulnerables de la sociedad colombiana. También ha recibido cuestionamientos
acerca de la situación administrativa, operativa, de transparencia en la
contratación y ejecución de sus recursos. Si bien el ICBF hace presencia en
todos los departamentos del país con sedes regionales y zonas locales en los
municipios, también es una entidad que ha sido cuestionada por la forma en que
se nombran sus directores/as seccionales, dado que los gobernadores/as tienen
la facultad de incidir políticamente en dichos nombramientos, de ahí que las
personas designadas no siempre son las más idóneas para ocupar el cargo. Además,
no solo estas situaciones han sido tema de polémicas públicas, sino que, en
algunas ocasiones, el nombramiento de sus directores/as generales por parte del
presidente de la república, como es el caso actual del nombramiento de la
señora Concepción Baracaldo, considerada como una persona sin conocimiento,
trayectoria y experiencia en los temas sociales que atañen al cumplimiento
misional del ICBF. Nombramiento que fue resultado de la influencia de la
primera dama Verónica Alcocer por la relación de amistad y vecindad con la
señora Baracaldo. Situación que se agrava con la designación o el nombramiento
de personas no idóneas en las subdirecciones de la institución. Por la
trascendencia y los impactos que tiene el ICBF en las familias y en los grupos
poblacionales que atiende en el país, la elección y nombramiento de personas en
la Dirección General debe ser muy
rigurosa y tener en cuenta candidatos/as con las más altas competencias
profesionales, con experiencia y transparencia ética, con formación en familia,
niñez, adolescencia, juventud y vejez, que orienten con
solvencia los destinos del ICBF, además deben destacarse por su probidad y por
tener una hoja de vida intachable. Demandamos, pues, del presidente Gustavo
Petro Urrego el remplazo de la señora Baracaldo al frente de la Dirección General
del ICBF.
3. Los problemas del ICBF, además de lo ya
citado, tiene que ver con su incapacidad financiera, administrativa y logística
para atender adecuadamente las necesidades de las familias, las comunidades y
los grupos poblaciones (niñez, los y las adolescentes, los jóvenes, los adultos
mayores y las personas en situación de discapacidad). En este sentido se
requiere de una mayor inversión encaminada a hacer un balance entre las
necesidades de los grupos familiares y proyectar apoyos para superar los altos
niveles de pobreza, de tal manera que el Instituto recupere su capacidad de
gestión de sus obligaciones misionales.
4. En el informe Narrativo de Empalme entre las
comisiones entre el gobierno Duque al presidente Petro, se relacionan 154 alertas
sobre el estado y funcionamiento del ICBF, en años pasados, éstas se relacionan
con temas administrativos, laborales, contractuales, de planeación, de
ejecución de programas y proyectos. Los problemas señalados en las alertas no
pueden seguir aplazándose y merecen toda la atención, tratamiento y resolución
de la Dirección General del Instituto en el transcurso del cuatrienio del
presidente Petro. Tampoco “las mafias” pueden seguir controlando el
funcionamiento interno y las contrataciones como lo dijo el presidente Petro en
el acto de posesión de la señora Baracaldo, controlando el funcionamiento
interno y las contrataciones como “ollas podridas”. El periódico Portafolio, en
su edición virtual del 19 de enero de 2022, informó que la Contraloría General
de la República en auditoría realizada al ICBF hizo: “62 hallazgos
administrativos, de los cuales 20 tienen posible incidencia fiscales por cuantía
de $9.127 millones, 37 con presunta connotación disciplinaria, ocho de carácter
penal, seis con otras incidencias y ocho más para apertura de indagación
preliminar”. Estos hallazgos fundamentan nuestra insistencia, en la urgencia de
acertar en el nombramiento de las altas directivas del ICBF.
5. En el Informe Narrativo de Empalmes se pone
en evidencia varias problemáticas: el desconocimiento del impacto de los
programas en los derechos de niños/as y adolescentes, posiblemente por la duplicidad
de funciones con otros organismos del Estado. Otros problemas que acompañan la
situación del Instituto son los que emergen de la forma de contratación de los profesionales
que deben ejecutar los programas, resaltamos el tiempo de los contratos que
generalmente es por cuatro o cinco meses, lo cual impide la continuidad en los
procesos que se llevan a cabo con la población beneficiaria y afecta la
retención del talento humano ya cualificado.
6. En dicho Informe llama también la atención la
relación de los convenios de aportes entre el ICBF y las Entidades Sin Ánimo de
Lucro, ESAL, que atienden a la niñez en el marco del programa de Estado de Cero
a Siempre. 947 en total. No solo es la incapacidad de ejercer sobre ellas el
control, inspección, vigilancia y sanción sobre las licencias de funcionamiento
sino la insuficiencia en proporcionar los recursos necesarios a las entidades
para desarrollar el programa, así como el escaso aumento anual en la canasta de
costos, solo el 3% anual lo que implica trabajar con déficit, incidiendo en la
calidad de la atención a la infancia y las familias. Es importante también mencionar
que las ESAL de Primera Infancia, como organizaciones de la sociedad civil,
cumplen con el mandato constitucional de concurrir junto con el Estado y las
familias en la garantía de la prevalencia de los derechos de la infancia sobre los
derechos de las demás poblaciones. Es responsabilidad del Instituto acompañar y
fortalecer a las entidades operadoras y no debilitarlas en lo patrimonial y
financiero.
7. El último escándalo con motivo de la muerte
por desnutrición de 21 niños/as de la comunidad Waayú de la Guajira, desde el
mes de agosto de 2022, nos muestra que debemos asumir una estrategia más
creativa que no se va a resolver simplemente con un cambio burocrático o
enviando más Bienestarina líquida, pero si promoviendo un buen estudio con
personas calificadas que facilite soluciones útiles y duraderas ante ese
flagelo. Medidas que posiblemente son impopulares al interior de las relaciones
de poder de las relaciones de los mismos Waayú.
8. Consideramos que tanto el
ICBF como las ESAL son corresponsables en el advenimiento de las grandes
transformaciones que esperamos adelante la administración del presidente Petro.
Por estas razones, el Instituto requiere contar con personas idóneas y con
conocimiento de los cambios que los distintos grupos poblacionales han
experimentado en el siglo XXI, de tal forma que podamos contribuir a la
formación de una ciudadanía que contribuya a la paz, a la democracia y al
desarrollo nacional.
9. Ante las promesas del Gobierno del Cambio,
que nos ha ilusionado a más de la mitad de quienes vivimos en Colombia, nos
preguntamos si el ICBF va a proponer y llevar a cabo las reales transformaciones
para el logro de sus objetivos misionales, como también el mejoramiento de su
desempeño organizacional lo cual redundaría en una mejor percepción ante sus
beneficiarios y la Opinión Pública.
Colectivo Familia y
Democracia:
Yolanda Puyana Villamizar
Trabajadora Social y Magíster
en Estudios de Población
Blanca Inés Jiménez Zuluaga
Trabajadora Social y Magíster
en Ciencias Sociales
Ligia Galvis Ortiz
Abogada y Doctora en Filosofía
Yomaira García Acuña
Psicóloga, doctoranda en Ciencias
Sociales
Luis Julián Salas Rodas
Sociólogo. Especialista y
Magister en Ciencias Sociales
Magíster en Ciencias de la
Educación
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