Saturday, December 06, 2014

LA POLÍTICA PÚBLICA Y LOS PROGRAMAS DE FAMILIA DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN: 1992 – 2014


LA POLÍTICA PÚBLICA Y LOS PROGRAMAS DE FAMILIA DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN:  1992 – 2014

BALANCE, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO DESDE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Luis Julián Salas Rodas
Sociólogo
Especialista y Magíster en Ciencias Sociales
Magíster en Ciencias de la Educación
Director Ejecutivo de la Fundación Bien Humano
Miembro fundador del Comité interinstitucional de Familia CIF

Ponencia presentada en el Sexto Congreso Internacional de Familia de Medellín
Noviembre 26, 27 y 28 de 2014
CIF
Comité Interinstitucional de Familia



PRESENTACIÓN

El municipio de Medellín ha sido observatorio, laboratorio y líder en el tema y el trabajo con las familias en el país.

El objetivo principal de esta ponencia es dar cuenta de los antecedentes, avances, logros y retrocesos de la política y los programas de familia de la administración y el Concejo de la ciudad de Medellín durante 22 años, entre 1992 y 2014, desde la alcaldía de Luis Alfredo Ramos Botero hasta la alcaldía de Aníbal Gaviria Correa, en total 7 alcaldías. 

La mirada de los hechos y situaciones es narrada desde uno de los actores sociales participantes: el Comité Interinstitucional de Familia CIF, colectivo conformado, inicialmente, por seis organizaciones no gubernamentales especializadas en el tema de familia.  Bajo el principio de la corresponsabilidad el CIF ha hecho parte activa tanto del Comité Municipal de Familia como del Comité Técnico de Familia en representación de la sociedad civil.  La participación del CIF ha incluido, también el de documentar y guardar de la memoria de lo acontecido durante los 22 años de vinculación continua a este proceso de alianza y concertación público-privada.

Los lectores de la ponencia hallarán en ella las dificultades presentadas  y las  soluciones dadas a los problemas y coyunturas políticas tanto internas como las derivadas de los cambios de las sucesivas administraciones. Al final de la ponencia se sintetizan las principales lecciones aprendidas que han posibilitado mantener y desarrollar el tema de familia con la concurrencia y la articulación permanente, no exenta de altibajos, entre las organizaciones del Estado y las de la sociedad civil. 


ANTECEDENTES

Debemos a la Constitución Política de 1991 la oportunidad de diseñar, concertar, participar y evaluar políticas sociales entre los actores y organizaciones de los sectores público, privado y social. Antes de esa fecha la competencia constitucional y legal en estos asuntos era exclusiva del Estado; el cual era concebido como el espacio, por excelencia, de lo público. El paso de la matriz estadocéntrica en la concepción del desarrollo a la matriz sociocéntrica ha tenido como efecto positivo el reconocimiento y legitimidad de la participación ciudadana en los asuntos de interés público en todas las instancias del ejercicio del poder gubernamental. Es así como, hoy en día, se acepta la existencia de lo público no estatal como el ámbito de actuación del principio de la responsabilidad social empresarial en el sector privado; mientras que en el sector social lo público no estatal es todo aquello que propicie el desarrollo social como un proceso de mejoramiento de la calidad de vida de la población.

En Colombia, a diferencia de otros países con regímenes democráticos más consolidados y legítimos, la noción de lo público, en sus dos acepciones, no ha sido internalizada y puesta en práctica como se debe. El clientelismo, la corrupción, la politiquería y las microempresas electorales son prácticas que buscan apropiarse de los bienes públicos para beneficios particulares. La obtención de prebendas, privilegios y regímenes tributarios para determinado sector económico atenta, también, contra la defensa de lo público así como considerar al Estado sólo como fuente de financiación de los presupuestos de las ONG. La construcción y el mantenimiento de los bienes públicos es una tarea que compete tanto a los ciudadanos y ciudadanas como a las organizaciones de los tres sectores. Lo público es lo que pertenece a todos y es el espacio donde se garantiza el libre acceso y la igualdad de participación.

La finalidad de una política pública es dar lineamientos y aportar mediante recursos económicos, programas y proyectos a la solución de asuntos de la sociedad civil que se consideran complejos y problemáticos.

En un Estado Social de Derecho las políticas públicas deben ser definidas y respaldadas por una autoridad legítima; deben privilegiar el interés colectivo sobre el interés particular y deben, además, consultar la voluntad de las personas, grupos y organizaciones de la sociedad civil.  Debemos a la constitución política de 1991 la apertura de espacios, los mecanismos y las instituciones que han hecho posible la ´formulación de políticas públicas sociales, entre ellas, la de familia.


INICIO DEL EJERCICIO DE CORRESPONSABILIDAD ENTRE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL EL CONCEJO MUNICIPAL Y LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Atendiendo los nuevos lineamientos constitucionales en 1992 la administración del Doctor Luis Alfredo Ramos convocó, por primera vez, a todas las ONG de la ciudad a un seminario taller “Hacia una política de bienestar social”, en su presentación se decía:

“El diseño de esta política no puede ser una acción unilateral del Gobierno Municipal, debe hacerse de manera concertada. En aplicación de este criterio, la Secretaría de Bienestar Social del Municipio convoca a las Organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro a un Seminario – Taller para lograr compartir un espacio de reflexión sobre los principales problemas, las causas que los generan y las factibles líneas de intervención en los sectores: niñez, juventud, familia y tercera edad”[1]

Más de 100 ONG participaron del evento. En la comisión de familia se identificó la problemática y su magnitud, entre sus propuestas estaba la de:

“Conformar una comisión que asesore y acompañe a la secretaría de Bienestar en la formulación de la política de bienestar social en cuanto a la familia y grupos etarios a corto plazo y que ésta tenga permanencia y no solo respuesta a un programa de gobierno”[2]

La comisión se conformó entre funcionarios de la Secretaría de Bienestar Social, el Concejo Municipal y el Comité Interinstitucional de Familia CIF. La invitación del municipio a concertar la política social dio resultados positivos en el trabajo con las familias, entre ellos se destacan:

§  La expedición del acuerdo 47 de 1993 por medio del cual se creo la Oficina de Coordinación para el Bienestar de la Familia en al Secretaría de Bienestar Social del Municipio con el objetivo de planear, organizar ejecutar, dirigir y controlar los programas del Municipio orientados a la protección integral de la familia como núcleo fundamental de la sociedad en concordancia con el Plan de Desarrollo Municipal[3]. El acuerdo creó, además, un equipo permanente de trabajo interinstitucional e interdisciplinario con representación de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de la ciudad.

§  La expedición del acuerdo 59 de 1993 por medio del cual se estableció el Plan Integral de atención a la Familia –PIAF- como el conjunto de políticas, estrategias, programas, proyectos y acciones encaminados al mejoramiento de la calidad de vida familiar, tendientes a estimular espacios de participación familiar que movilicen voluntades en bien de un adecuado clima de cotidianidad en el vecindario y en la comunidad, con énfasis en los conceptos de seguridad integral, solidaridad y participación en armonía con los enunciados del Plan de Desarrollo de Medellín. El PIAF contempló 5 áreas programáticas:

1.    Área de educación para la prevención
2.    Área de orientación a la familia
3.    Área de lúdica familiar
4.    Área de la supervivencia familiar
5.    Área de integración

El acuerdo 59 asignó una partida de $150.000.000 con incrementos anuales en proporción igual al aumento de precios al consumidor; también facultó al municipio para celebrar contratos con entidades privadas y/o sin ánimo de lucro. Gracias al acuerdo se pudieron adelantar las siguientes iniciativas a cargo de la Secretaría de Bienestar Social:

§  La realización en 1994 y en 1998 de dos congresos latinoamericanos de familia en Medellín y la publicación de sus respectivas memorias.
§  La ejecución en 1994, 1995, 1996, 1997 y 1998 del proyecto Familia Siglo XXI: hacia la construcción de una vida cotidiana diferente, el cual beneficio a 25.000 personas de 195 barrios de la ciudad.
§  La creación y puesta en funcionamiento del Centro de Atención a las Víctimas de la Violencia Intrafamiliar con programas de educación, prevención, investigación y asesoría sicológica.
§  La creación, en 1992, del Comité Interinstitucional de Familia CIF por parte de 6 ONG[4] de la ciudad con el objetivo de incidir en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas de familia en la ciudad de Medellín. Si bien el CIF está conformado por ONG, no es una ONG, no tiene personería jurídica, es un espacio de diálogo, convergencia y concertación entre las ONG para hacer la interlocución y la incidencia política con la administración municipal de Medellín en el tema y la política pública de familia.

El acuerdo 34 de 1994 institucionalizo los Foros Anuales de la Familia y la realización de los Congresos Internacionales de familia cada cuatro años.

(El año 1994 fue el declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Año Internacional de la Familia, siendo el Congreso Latinoamericano de Familia, realizado ese mismo año en Medellín, el evento académico más importante del país.  En el 2014 se cumple el vigésimo aniversario del Año Internacional de la Familia para: “… dar a conocer la importancia de las familias, promover el conocimiento de las tendencias socioeconómicas y demográficas que las afectan y alentar los esfuerzos encaminados a hacer frente a los problemas  que repercuten en la situación de la familia. Wikipedia.  Y a semejanza de hace 20 años el Sexto Congreso Internacional de Familia de Medellín fue el evento académico más importante del país).

1992 – 2014: 22 años de avances, retrocesos y reorientación del rumbo en el trabajo con las familias entre el municipio de Medellín y la sociedad civil

AVANCES:

§  Haber demostrado que cuando confluye la voluntad política de la administración municipal y el compromiso de las organizaciones del sector social es posible realizar con éxito programas y acciones de trascendencia e impacto en la vida de las familias.
§  Haber dado cumplimiento al mandato constitucional de garantizar la protección integral de la familia entre el Estado y la sociedad.
§  Haber creado espacios de reflexión y debate entre las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales con la comunidad y las familias
§  Haber incorporado en los planes de desarrollo de la ciudad el tema de familia al igual que presupuesto en los planes de inversión trienales.
§  Haber creado y mantenido espacios institucionales de participación y representación de las organizaciones de la sociedad civil como las cajas de compensación, las universidades, las iglesias y las ONG en proyectos de gran importancia para la ciudad como los congresos internacionales de familia  y la atención de la problemática de la violencia intrafamiliar.
§  Haber fomentado la publicación de material educativo, académico e investigativo acerca de la realidad de las familias de la ciudad.
§  Haber liderado en el país un modelo de abordaje e intervención interinstitucional público-privado en el trabajo con las familias.
§  Haber podido demostrar que bajo el principio del interés general sobre el particular es posible concertar y sacar adelante propuestas entre la administración municipal, el Concejo Municipal y la sociedad civil.
§  Haber persistido y realizado 18 foros anuales de familia y 6 congresos internacionales de familia.
§  Elevar el tema de familia al rango de una Secretaría en la administración municipal.

RETROCESOS

El empuje y la iniciativa de desarrollar una política pública de familia en el municipio de Medellín han tenido altibajos. Como se anotó anteriormente correspondió a la administración del alcalde Luis Alfredo Ramos abrir los espacios, convocar a las organizaciones sociales, hacer lobby ante el Concejo para la promulgación de los acuerdos, poner en funcionamiento la Oficina de la Familia y el Centro AVISE, financiar el primer congreso latinoamericano de familia y cogestionar con el Comité Interinstitucional de Familia CIF la primera ejecución del proyecto Familia Siglo XXI.

La administración del Alcalde Sergio Naranjo continuó con los programas establecidos y trató de mantener la dinámica establecida. La Secretaría de Bienestar Social contrata con el Instituto de Estudios Regionales INER de la Universidad de Antioquia y la Corporación Región la realización de un Diagnóstico Social de Medellín donde se afirmó que: “La familia debe constituirse en el eje central o articulador de todas las propuestas, por ser la unidad que conforman los grupos poblacionales, además porque constitucionalmente está contemplado”[5]; sin embargo, no se acogió esta propuesta ni se aumentó el presupuesto para los programas y no convocó al equipo asesor de la Oficina de la Familia, tal como lo ordenaba el acuerdo 59.

La administración del alcalde Juan Gómez Martínez desmontó la Oficina de la Familia y el Centro Avise; realizó el segundo congreso latinoamericano de familia, por ser ordenada por acuerdo municipal, y solo ejecutó una versión del proyecto Familia Siglo XXI que dejó financiada la anterior administración; al finalizar su mandato no quedó nada que mostrar del trabajo con las familias. Si bien ninguna de las administraciones señaladas ejecutó a cabalidad los lineamientos contemplados en el Plan Integral de Atención a la Familia, sólo fueron desarrolladas las áreas de la prevención y orientación, la administración Gómez Martínez dio la espalda y freno la dinámica en el trabajo con las familias. Faltó compromiso, voluntad y responsabilidad política. Las organizaciones del sector social no actuaron, tampoco, en la defensa y mantenimiento de los espacios creados con la fuerza y el interés requerido.

REORIENTACIÓN DEL RUMBO

En el borrador del Plan de Desarrollo 2001 – 2003 “Medellín Competitiva” del alcalde Luis Pérez Gutiérrez no se hacía ninguna mención a la realización de programas con la familia. En vista de esta situación el Comité Interinstitucional de Familia y la Federación Antioqueña de Organizaciones no Gubernamentales hicieron una acción pública de llamar la atención a la nueva administración acerca de esta falencia del plan. Después de varias reuniones y comunicados la administración incluyó en su plan de desarrollo bajo el programa de Ciudad Saludable, el subprograma: Atención integral a la familia, con el siguiente texto:

“La familia será reconocida como centro de la sociedad, en la actualidad se encuentra en un proceso de recomposición y transformación, producto de los cambios sociales y culturales, enmarcados en fenómenos como la globalización económica, el auge de los medios de comunicación, urbanización, el desarrollo de la informática y el creciente ingreso de la mujer al mundo laboral. Estos fenómenos impactan profundamente la unidad familiar generando alteraciones en su tipología y conformación.

§  Convivencia familiar en la ciudad
§  Se brindará atención a nivel psicosocial
§  Generación de dinámicas con y sobre la familia para que se convierta en eje de acciones de la Secretaría de Bienestar Social, por efecto multiplicador sobre los demás grupos poblacionales.
§  Protección y apoyo a las familias que viven en condiciones de alto riesgo.
§  Promover la integración familiar por medio de la atención integral a todas y cada uno de los miembros de la familia”[6]

La inclusión de este artículo en el plan de desarrollo permitió la asignación de una partida de $2.000.000.000 en el plan trienal de inversiones para el subprograma de Atención Integral a la Familia. A mitad de su período ésta administración vuelve a dar un impulso al tema de familia. La reapertura de la Oficina de la Familia, la creación del Comité Municipal de Familia, la conformación de la red de redes por y para la familia, la Red de Redes por y para la familia, el programa de atención domiciliaria a la familia y la realización del Tercer Congreso Internacional de Familia fueron muestras positivas de reorientar el rumbo y el liderazgo en el trabajo municipal sobre familia.

PLAN DE DESARROLLO 2004 – 2007 MEDELLÍN, COMPROMISO DE TODA LA CIUDADANÍA.

La administración del alcalde Sergio Fajardo formuló su plan de desarrollo bajo 5 líneas estratégicas:

1.    Medellín, gobernable y participativa
2.    Medellín social e incluyente
3.    Medellín, un espacio para el encuentro ciudadano
4.    Medellín productiva, competitiva y solidaria
5.    Medellín integrada con la región y el mundo

Los programas y proyectos dirigidos a las familias se ubican en las dos primeras líneas y se ejecutan bajo la coordinación de las secretarías de Bienestar Social y la de Gobierno. Es de anotar que la administración municipal acogió las críticas realizadas por el Consejo Municipal de Planeación, en la fase de divulgación del plan y en representación de las ONG de familia de la ciudad, con respecto a la no consideración de las familias como eje estructurante de la atención a los grupos poblacionales y la población vulnerable. Se destacan los proyectos de Desactivación de la Agresión Intrafamiliar, Medellín Convive en Familia, Buen Vivir y Buen Comienzo. Ni la comunidad, ni las organizaciones del Tercer Sector fueron llamadas a participar en los procesos de alistamiento, preparación, reconocimiento, validación y formulación de la política municipal de familia. Dicho proceso fue llevado a cabo por expertos y por los funcionarios entrantes de la administración. Se realizó el Cuarto Congreso Internacional de Familia.

PLAN DE DESARROLLO 2008 – 2011  MEDELLÍN ES SOLIDARIA Y COMPETITIVA

La administración del alcalde Alonso Salazar formuló su plan de desarrollo en 6 líneas estratégicas:

1.     Medellín, ciudad solidaria y equitativa
2.     Desarrollo y bienestar para toda la población
3.     Desarrollo económico e innovación
4.     Urbanismo y medio ambiente para la gente
5.     Ciudad con proyección regional y global
6.     Institucionalidad democrática y participación democrática 

Esta administración impulsó  programas con enfoque de familia como: atención a víctimas del conflicto armado, formación en derechos humanos y resiliencia, a, construcción de 12.000 viviendas.  Se continuaron los programas de la administración anterior como Medellín Convive en Familia, y Buen Vivir.  Se dio inicio al programa de Medellín Solidaria con el propósito de sacar a las familias en pobreza extrema. Se llevó a cabo el quinto Congreso Internacional de Familia.

Un hecho de gran importancia fue la expedición del acuerdo 054 del Concejo Municipial acerca de la política pública para la promoción, prevención, atención, protección, garantía y restablecimiento de los derechos para la familia en el municipio de Medellín.  En esta política se trazó el objetivo de garantizar y promover los Derechos Humano, el Desarrollo Humano y la Seguridad Humana de la Familia.  La familia como agencia de formación del ser humano.




PLAN DE DESARROLLO 2011 – 2015  MEDELLIN CONSTRUYAMOS UN HOGAR PARA LA VIDA

La administración del alcalde Aníbal Gaviria formuló su plan de desarrollo en 5 líneas estratégicas:

1.    Ciudad que respeta, valora y protege la vida
2.    Equidad, prioridad de la sociedad y el gobierno
3.    Competitividad para el desarrollo económico con equidad
4.    Territorio sostenible: ordenado, equilibrado e incluyente
5.    Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

El primero de los énfasis del plan es el de generar las condiciones básicas para que se respete la vida como valor absoluto y principio de igualdad entre los seres humanos. En la línea 1 están los proyectos de salud en la familia y el hogar y la familia como vínculo de vida. En la línea 2 el programa de Medellín Solidaria, Buen Vivir y Buen Comienzo. 

Bajo esta administración se emprenden las siguientes acciones sobre el tema de familia:

·         La expedición del decreto reglamentario 835 de 2013 del acuerdo 054 de 2013
·         La creación de la Secretaría de Inclusión Social y Familia en remplazo de la Secretaría de Bienestar Social-
·         La creación de la Unidad Técnica de Familia al interior de la Secretaría de Inclusión Social y Familia.
·         La creación, por acuerdo municipal, del Observatorio de Familia.
·         La incorporación del tema de familia en el Consejo Municipal de Política  Social y de Equidad COMPSE.
·         La realización del Sexto Congreso Internacional de Familia
·         La reactivación del Comité Municipal de Familia y su decreto reglamentario.
·         La formulación y aprobación del Plan Estratégico de la Política Pública para la Familia de Medellín 2014 – 2022.

Este Plan tiene como objetivo general:  “promover en las familia de Medellín el desarrollo de sus capacidades de agencia auto sostenible, de agencia formadora de ser y de vínculos y de condiciones para actuar como actor político, garantizando oportunidades con enfoque diferencial y potenciando su auto-reconocimiento, su autogestión y su proactividad en entornos democráticos, sociales, culturales, económicos y jurídicos, con capitales adquiridos y reconocidos de una ciudad innovadora, progresista y de cultura global”.

El Plan tiene 5 ejes: comunicación, asistencia y protección, promoción y prevención, trabajo en red e investigación.

Para garantizar su correcta aplicación es menester convertir el Plan en acuerdo municipal así como los recursos financieros.  Será objetivo del Comité Municipal de Familia y del Comité Técnico Asesor hacer el correspondiente acompañamiento y seguimiento.  

LA LEY 1361 DE 2009, DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LA FAMILIA

La expedición de esta ley creó un hito en el desarrollo y concepción de la familia en el país al considerar a esta como un sujeto colectivo de derechos y al reafirmar el compromiso y corresponsabilidad del estado y la sociedad con la familia.  La ley ordenó a los entes territoriales a formular y poner en práctica política y programas de familia en los niveles nacional, departamental y municipal; también los conminó a crear observatorios de de familia y estableció el 15 de mayo como el día nacional de la familia.  

Pasados 5 años de la expedición de la ley, aún no hay cumplimiento de todos los entes territoriales y se evidencian falencias en los aspectos de la coordinación y articulación.  Es de destacar el cumplimiento del municipio de Medellín en lo ordenado por dicha ley frente a las familias. 
  
LECCIONES APRENDIDAS

Dos son las lecciones aprendidas en el balance de 22 años de trabajo conjunto entre el municipio de Medellín y las organizaciones del sector social con relación a las familias, ellas son:

Las políticas sociales deben trascender los programas de gobierno y los planes de desarrollo de las administraciones municipales

Lo sucedido con la discontinuidad y el cambio de prioridades en la política de familia en Medellín da cuenta de las dificultades legales y operativas para garantizar la vigencia de una política social en el tiempo. Cada administración se preocupa más por la ejecución de las promesas de gobierno y la forma en que éstas tendrán cabida en el plan de desarrollo y en el plan de inversiones que en mantener una política y una serie de programas y acciones en las cuales no han participado ni se sienten responsables. Sin embargo, es de verdad y justicia reconocer la continuidad de las tres últimas administraciones, del 2004 al 2015, de programas como Medellín Solidaria, Buen Vivir y Buen Comienzo.

Consolidar la institucionalidad, la  participación ciudadana y la incidencia política en todos los espacios públicos donde se trate el tema de familia  


Las organizaciones de la sociedad civil no deben verse y considerarse solo como operadoras y contratistas del Estado, ni que este rol las inhiba e invalide para participar, con voz y voto, en los espacios públicos.  Las organizaciones de la sociedad civil tienen una dimensión política no partidista y deben ser conscientes del poder y la credibilidad que tienen ante sí mismas, el Estado y las comunidades.   

Las organizaciones de la sociedad civill deben mantener su vinculación activa y constituirse en veedores de la continuidad de las políticas sociales independiente de los cambios de las administraciones municipales. Las nuevas autoridades desconocen, la mayoría de las veces, el contexto y las dinámicas establecidas en el diseño y en la ejecución de políticas sociales; tampoco es muy fuerte su defensa por parte de los funcionarios de carrera administrativa, de ahí que se haga imprescindible la incidencia política, la acción pública y decidida de los representantes de las organizaciones del sector social en las instancias mencionadas.

No basta, no es suficiente  convocar, formular, escribir un documento y participar en la elaboración y puesta en práctica de una política pública, en este caso de familia, sino se construye y mantiene en el tiempo una institucionalidad legítima que asegure la permanencia y el interés de los actores sociales y organizaciones de la sociedad civil por acompañar, monitorear y hacer veeduría de las actuaciones del Estado y sus representantes.

Los cambios democráticos, legales y políticos de las administraciones locales que ordena la Constitución implican no solo nuevos planes de desarrollo sino ajustes en la nómina municipal. La nueva administración y los funcionarios, de libre nombramiento y remoción,  que llegan  desconocen la dinámica de los procesos y los acuerdos alcanzados en los espacios de participación y representación con los actores de las organizaciones de la sociedad civil.  Lo anterior crea crisis, malentendidos, pausas y reprocesos que si no se manejan con tacto y prudencia afectan la articulación y la participación.

La permanencia de las organizaciones y los representantes del Comité Interinstitucional de Familia  y de las universidades ha sido fundamental para encuadrar y orientar a los funcionarios de la administración en los aspectos centrales tanto de la política como en la ejecución de los programas de familia.  Es de resaltar el trabajo y la inclusión de los concejales, tanto en comisiones como en plenaria, en la redacción y aprobación de acuerdos que han dado piso legal y continuidad a los programas por parte de la administración. Los acuerdos del Concejo municipal junto a los planes de desarrollo de las administraciones son las más importantes herramientas y normas para garantizar el cumplimiento en el tiempo de las políticas, programas y proyectos. Los períodos fijos de cuatro años de los alcaldes han sido, también, un factor de estabilidad para la continuidad de las acciones y las políticas gubernamentales locales.

Es el Estado quien debe liderar y promulgar las políticas públicas no las organizaciones de la sociedad civil, a ellas les corresponde deliberar, participar, hacer veeduría y control social para asegurar su correcto cumplimiento.  Su ausencia, desinterés y apatía inciden en la discontinuidad, incoherencia o inoperancia de las políticas y los programas sociales.

Los actores sociales y las organizaciones de la sociedad civil deben ser la memoria y fungir como custodios de las políticas públicas y de la ejecución de programas y proyectos, no solo ser invitados, por parte del Estado, a validar   y legitimar las propuestas políticas oficiales.

  
Premisas para la corresponsabilidad en la construcción de políticas públicas para las familias

Se entiende la corresponsabilidad como la concurrencia de actores y acciones para el logro de un objetivo superior, en este caso la construcción de políticas públicas para las familias.  Todos aportan, todos ponen, todos hacen la tarea, nadie sustituye a nadie.

Es ya un concepto ampliamente aceptado en las sociedades occidentales que la familia es el grupo primario que cumple con las funciones de reproducción de la especie, socialización primaria de los niños y niñas, de la conformación básica de la estructura de la personalidad, de las necesidades de protección y afecto así como de asegurar los ingresos económicos y la transmisión de la cultura.

Los acelerados cambios de las últimas décadas han transformado, positiva y negativamente, la estructura, composición y funciones de las familias, cambios que, a su vez, han implicado una reconfiguración de las relaciones entre las familias, la sociedad y el Estado. En las denominadas patologías sociales como el gaminísmo, la desnutrición, la prostitución infantil, el menor trabajador, el abandono parental, el maltrato, el abuso sexual, la delincuencia juvenil, el alcoholismo, la drogadicción, la delincuencia juvenil, la deserción escolar, la mendicidad y la indigencia siempre están asociados factores familiares en su génesis y manifestación. Todo aquello que las familias dejen de hacer en el cumplimiento de sus funciones le toca asumirlo a la sociedad y al Estado vía creación de instituciones de protección, confinamiento o resocialización, vía aplicación de medidas judiciales o represivas, vía formulación de políticas, programas e inversión social.

La vigencia y cumplimiento de los Derechos Humanos y del Estado Social de Derecho

Compete al Estado, a todas las ramas del poder público y a los entes territoriales que los Derechos Humanos y los mandatos del Estado Social de Derecho de la Constitución Política de 1991 se respeten y se cumplan. Es una responsabilidad indelegable e intransferible. La sociedad civil no es ajena a ellos; sin embargo, no es la responsable directa de su aplicación, tampoco le compete asumir las fallas o los vacíos del Estado en dicha materia. La corresponsabilidad no puede asumirse, ni entenderse como endoso o transferencia de obligaciones constitucionales del Estado a la sociedad civil; hacerlo implica no sólo usurpar funciones sino algo más grave, deslegitimar al Estado frente a la ciudadanía.  La participación de las organizaciones de la sociedad civil y de las universidades, con programas de familia, es muestra de la aplicación del principio de corresponsabilidad fijado por la Constitución de 1991; debemos a esta Constitución la creación de espacios de encuentro y articulación con el Estado.

Establecer reglas claras y mecanismos democráticos de participación

El liderazgo en la convocatoria, diseño y ejecución de las políticas públicas de familia debe ser del Estado, en este caso de la administración municipal. El llamado a participar a las organizaciones del sector social no debe darse, únicamente, para la obtención de un consenso que legitime sus acciones ante la opinión pública y la ciudadanía. Debe darse en condiciones de respeto, reconocimiento y libertad de manifestar desacuerdos. Si las organizaciones responden con prontitud, responsabilidad y eficiencia tienen derecho a reclamar, también, el crédito por el éxito de las acciones compartidas. Cuando decae el liderazgo y la convocatoria del sector público, no se valoran los aportes de las organizaciones del sector social, o se establecen preferencias, la corresponsabilidad pierde sentido y la participación ciudadana pierde su interés.

El interés público y no el particular deben primar en los criterios de participación de las organizaciones del sector social

En el decreto que regula el Comité Municipal de Familia tienen asiento diversas organizaciones sociales que trabajan con y para las familias de la ciudad como las iglesias, las universidades, las ONG, las asociaciones de padres de familia y las cajas de compensación familiar. Cada una de estas organizaciones enfoca y aborda la intervención familiar desde su propia concepción, metodología y normatividad: desde la doctrina religiosa, desde la investigación y la práctica, desde la promoción, prevención y la terapia, o desde la prestación de un derecho laboral. Dejar de lado las diferencias y construir en forma conjunta la política pública es la tarea primordial de las organizaciones del sector social en dicho comité. Aquí el liderazgo de los funcionarios públicos es primordial para la fijación del norte y el mantenimiento del consenso.

Determinar y mantener a las familias como el eje central y articulador de los programas a todos los grupos poblacionales y etáreos

A excepción del abandono o la desintegración, la familia es el único grupo primario que acompaña a las personas en todas las etapas del ciclo vital. Infantes, jóvenes, adultos, ancianos, hombres y mujeres nacen y mueren en medio de relaciones familiares. Si bien la Constitución Política de 1991 reconoció y dio derechos a los grupos poblacionales, esto dio pie a la fragmentación y dispersión de la política social desde el Estado. La creación de consejerías y oficinas de la niñez, la juventud, la mujer, y la tercera edad se realizó sin una perspectiva y enfoque de familia. Retomar la recomendación del Diagnóstico Social de 1995 de considerar a la familia como eje central es apuntar a fomentar el encuentro generacional, la equidad y la integración social en las políticas sociales especialmente en los grupos más pobres y vulnerables de la ciudad. Para el año 2050 se estima que la población colombiana será de 71.500.000 personas, cambiando la pirámide demográfica a un rectángulo como resultado del envejecimiento de la población. Esto implica cambios en la composición de las familias y nuevas realidades de atención para todos los grupos poblacionales.

Apoyar y acompañar a las familias en el desempeño de sus funciones vitales

El municipio no tiene competencia en intervenir o en regular la vida privada y el destino de las familias. El verdadero alcance y acierto de una política pública hacia las familias está en apoyar y acompañarlas en el desempeño de sus funciones vitales tanto las que tienen que ver con la satisfacción de sus necesidades materiales como de las psicosociales. La política tiene que tener un doble propósito: uno, el específico de los asuntos familiares y el otro, asegurar que toda la política social tenga que ver con la supervivencia de las familias. En la medida que se cumpla con los anteriores propósitos se estará no sólo fortaleciendo las capacidades internas de las familias para un adecuado cumplimiento de sus funciones vitales sino, además, previniendo la aparición y el incremento de las patologías sociales ya comentadas. Las omisiones, la falta de apoyo y acompañamiento constante y decidido del Estado y la sociedad para con el bienestar de las familias se revierte en malestar para las personas y en problemas de atención para la convivencia, la legitimidad y seguridad públicas.

Ante el impacto de la crisis económica de los últimos años y la escalada de la violencia las familias colombianas han reducido y mitigado el riesgo para las personas ante la precariedad de otras instancias de apoyo y protección. Ante el secuestro, la desaparición y el desplazamiento forzado las familias se muestran no como víctimas sino como sobrevivientes que intentan afrontar con sus fortalezas internas la amenaza de desintegración de estos eventos catastróficos. La superación de la pobreza, que tiene sumida al 60% de la población colombiana y la resolución del conflicto armado, que destruye todo tipo de capital, son obstáculos que impiden el bienestar y calidad de vida de nuestras familias y es aquí donde el Estado, la sociedad y la comunidad internacional deben seguir obrando para apoyar y acompañar con efectividad la vida cotidiana de las familias[7]

CONCLUSIÓN

La principal lección aprendida del proceso  es que no basta convocar, formular y participar en la elaboración y puesta en práctica de una política pública, en este caso de familia, sino se construye y mantiene en el tiempo una institucionalidad legítima que asegure la permanencia y el interés de los actores sociales y organizaciones de la sociedad civil por acompañar, monitorear y hacer veeduría de las actuaciones del Estado y sus representantes. Los actores sociales y las organizaciones de la sociedad civil deben ser la memoria y fungir como custodios de las políticas públicas y de la ejecución de programas y proyectos, no solo ser invitados, por parte del Estado, a validar   y legitimar las propuestas de políticas gubernamentales.  El Estado, por su parte, mediante sus funcionarios y las instituciones, debe asegurar el compromiso, la responsabilidad y la voluntad política independiente de los cambios de administración.  Establecer confianza y reglas claras entre el Estado y la sociedad civil son claves para obtener  resultados tangibles y perdurables en el tiempo. 

Decíamos en la presentación que la ciudad de  Medellín ha sido, en estos 22 años transcurridos, observatorio y laboratorio en el trabajo con las familias; reconocida y valorada por su liderazgo en la política pública, los programas, los proyectos y las alianzas entre la municipalidad, la academia y las organizaciones sociales frente al tema de familia. Lo más importante y trascendente de todo, es que por fin el tema de familia ha dejado de ser la “cenicienta” de las políticas sociales y es ya protagonista de primer orden en la agenda política y pública del país. Hemos pasado de considerar a la familia como célula de la sociedad (enfoque biológico) a ver en ella la principal agencia de formación de ser humano a la par que un sujeto colectivo de derechos, actor de su propio destino y proyecto de vida.

(Fuente de consulta del material bibliográfico: Centro Documental de la Fundación Bien Humano www.bienhumano.org/centro-documental/colecciones )





[1] Municipio de Medellín. Secretaria de Bienestar Social. Conclusiones del Seminario Taller: “Hacia una política de bienestar social”. Medellín. Septiembre 1992
[2]Ibíd. pág:19
[3] Bases para la formulación de una política de atención integral a la familia. Secretaría de Bienestar Social, Concejo Municipal y Comité Interinstitucional de Familia CIF. Marzo de 1994. Medellín
[4] La Fundación para el Bienestar Humano, el Centro Persona y Familia, El Instituto Psicoeducativo de Colombia IPSICOL, los Centros de Formación Familiar, la Corporación para la Educación Permanente de la Familia CEPAS y el Instituto de Apoyo a la Familia IDEAF.
[5] Diagnóstico Social de Medellín. Secretaría de Bienestar Social. Medellín. Pag: 234. 1996
[6] Acuerdo Municipal N° 12 de 2001. Gaceta Oficial N°| 1539. Pág: 18. Julio 6 de 2001. Medellín.
[7] Familias colombianas: estrategias frente al riesgo. Departamento Nacional de Planeación.  Bogotá. 2002.

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