September 26, 2014

¿En qué va y qué falta en la política pública nacional, departamental y municipal de familia?


¿En qué va y qué falta en la política pública nacional, departamental y municipal de familia?



La ley 1361 de 2009, de Protección Integral a la Familia, ordenó a los entes territoriales del país, nación, departamento y municipios  y a la sociedad civil el formular las políticas, planes, programas y proyectos dirigidos a fortalecer el desarrollo y bienestar de las familias colombianas.  Una política pública es el resultado de una acción convergente y corresponsable entre el Estado y actores de la sociedad civil.  La importancia de una política pública es que establece lineamientos, directrices y recursos para intervenir una realidad social que considerándose compleja quiere ser mejorada para el bienestar de una población determinada.  Con respecto a la política pública veamos en que va y que falta por hacer:
  •  Ministerio de Salud y Protección Social:


La ley 1361 dio al Ministerio un año de plazo para el diseño y elaboración de la política de apoyo y fortalecimiento a la familia; pasado el año y al no cumplirse el mandato de la ley, un grupo de organizaciones sociales de Medellín dirigió un derecho de petición al Ministerio para su ejecución.  El ministerio contrato con la doctora Ligia Galvis, reconocida experta en el tema, la coordinación técnica del documento, el cual implicó la conformación de una Mesa Técnica Nacional de Familia.  Tres años después aún no se dispone de un texto definitivo y oficial debido a objeciones de la Procuraduría General de la Nación.  Aún  están pendientes de realizar el Plan de Acción y el documento CONPES sobre familia; prerrequisitos esenciales para la concreción de la política nacional de Familia. 

El Ministerio ha liderado la celebración del Día  Nacional de la Familia, tal como lo ordena la ley 1361, ha realizado, además, dos Foros Nacionales de Familia y ha iniciado una agenda de consulta mediante foros regionales.  Muy lento va el proceso
  •  Departamento de Antioquia


La mayoría de los departamentos del país siguen sin dar cumplimiento a la ley 1361. Antioquia y Santander son los departamentos que le han dado cumplimiento y disponen  ya de un documento marco de la política de familia en sus respectivas jurisdicciones.

Mediante un convenio de asociación la Gobernación de Antioquia y la Fundación Bien Humano llevaron a cabo el trabajo de la elaboración del documento de la política en las 9 subregiones del departamento.  Si bien se instaló la Mesa Departamental de Familia aún no se ha socializado y divulgado, en forma suficiente, el documento del marco estratégico de la política pública para las familias antioqueñas.  Tres acciones figuran en la hoja de ruta: la aprobación de la ordenanza departamental,  la elaboración del plan estratégico y la adecuación institucional en el organigrama de la gobernación para darle un espacio y un referente a los planes, proyectos y programas del departamento a las familias.

  • Municipios


Al igual que la mayoría de los departamentos, la mayoría de los municipios del país, especialmente los pequeños, están rezagados en el cumplimiento de la ley 1361.  Las tres principales ciudades: Bogotá, Medellín y Cali cuentan ya con política, planes, programas y presupuesto.  La Procuraduría General de la Nación ha inquirido, como es su obligación, a los alcaldes  a ocuparse del tema.  Lo que preocupa es que los municipios no han apropiado recursos para la formulación de la política local de familia en sus jurisdicciones, y sin recursos, se corre el riesgo de que por cumplir con la ley y los exhortos de la Procuraduría se formulen políticas de familia “desde el escritorio de los funcionarios acudiendo al copiar y pegar”.  Políticas así elaboradas son descontextualizadas, inocuas e inoperantes. Para el cumplimiento cabal de la tarea los municipios requieren del acompañamiento y la asesoría conceptual y técnica de expertos del ICBF y los funcionarios departamentales, tarea que no se está haciendo, incluido el departamento de Antioquia.

Las familias no viven en las dependencias del Ministerio de Salud y Protección Social, ni en las sedes administrativas de las gobernaciones.  Las familias viven, trabajan, nutren, educan,  son felices, se enferman y cuidan  en los territorios de los municipios.  La importancia para un municipio de contar con una buena política de familia es que está, por derecho propio, tiene que ser incluida en el plan cuatrienal de desarrollo de cada administración; estar en el Plan es contar con recursos reales y definidos para desarrollar los objetivos y finalidades de la política de familia.  Ya no puede seguir quedando al capricho, gusto e interés del alcalde o la primera dama.  Es en los municipios, en el casco urbano y sus corregimientos y veredas que las familias pueden fortalecerse como agencias de formación del ser humano y como sujeto político y colectivo de derechos.

No vemos desde la nación, los departamentos y los municipios un trabajo coordinado y articulado tal como lo ordena la ley 1361.  Cada uno de los entes territoriales “tira para su lado de la cobija” sin importarle lo que está pensando y haciendo la contraparte.  No  se han establecido espacios de encuentros, agendas, o acuerdos entre ellos. En este sentido hay una incapacidad manifiesta y una falta de voluntad y responsabilidad política.. Y todo lo anterior está sucediendo en el Año Internacional de la Familia, cuando, por fin, el tema de familia empieza a posicionarse en la agenda política y pública del país, cuando ya no quiere ser más la “cenicienta” de la política social.  La oportunidad, el momento, la coyuntura es única, no podemos desaprovecharla.

Hay que reconocer los avances legislativos, la ley no resuelve por si sola las problemáticas sociales pero sin la ley tampoco es posible empezar a aportar a su solución.  La política de familia y para las familias no son una política más: familia, al igual que género, son transversales a toda política poblacional.  Hacemos este llamado de atención a las entidades y a los  servidores públicos para que cumplan con la debida concurrencia de límites y competencias en lo ordenado por la ley 1361.

En Colombia, cinco años después de expedida la ley de Protección Integral a la Familia, va muy lento, a paso de tortuga y con serios interrogantes, el proceso nacional, departamental y municipal de la formulación de la política de familia. Mientras tanto la realidad de las familias colombianas va a otro ritmo: es diversa, dinámica y cambiante.

Desde esta tribuna de la sociedad civil seguiremos participando, observando e informando… 

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Luis Julián Salas Rodas
Director Ejecutivo
Fundación Bien Humano

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