SEMINARIO TEMÁTICO NACIONAL SOBRE FAMILIA. BALANCE Y PERSPECTIVAS HACIA LA REDEFINICIÓN DE UN COMPROMISO SOCIAL Y POLÍTICO
MANIZALES, 10 Y 11 DE NOVIEMBRE DE 2005
PONENCIA: LAS CONCEPCIONES DE FAMILIA QUE SUBYACEN EN LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN LIDERADOS POR LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
Luis Julián Salas Rodas
Sociólogo
Universidad Pontificia Bolivariana
Especialista y Magister en Ciencias Sociales: Gerencia del Desarrollo Social
Universidad de Antioquia
Magister en Ciencias de la Educación: Opción Desarrollo Social
Universidad París XII
Director Ejecutivo de la Fundación Bien Humano
Expresidente del Consejo Directivo de la Federación Antioqueña de ONG
Blogs en Google: Familia y Otros; Juntas Directivas ONG; ONG y Gerencia Social
Luijus34@gmail.com
@LuisJulianSalas
www.bienhumano.org
Medellín - Colombia
¿Qué son las ONG?[1]
Los organizadores de este seminario me solicitaron establecer las relaciones entre las ONG y el trabajo que ellas realizan con y para las familias. De la misma forma como no es aceptable una sola concepción hegemónica sobre las familias, tampoco lo es acerca de las ONG. Nuestro supuesto de partida reside en la afirmación que el tipo y carácter de la ONG determina las modalidades de atención e intervención con las familias. En consecuencia empezaremos por determinar que entendemos por ONG.
El término ONG es una denominación reciente de una realidad más antigua: las entidades sin ánimo de lucro. Con el afianzamiento del cristianismo en Occidente, el precepto de la caridad, amor a Dios, inspiró la creación de órdenes religiosas y organizaciones laicas de ayuda y amparo a los pobres y menesterosos. Asilos y hospitales fueron, por mucho tiempo, campo de acción de la Iglesia católica. Con el renacimiento y la progresiva secularización de la sociedad, surgió el concepto de filantropía, el amor a la humanidad.
Tanto la práctica de la caridad cristiana como de la filantropía humanista, dieron origen a entidades de servicio y programas paternalistas y asistencialistas, modelos de gestión que tuvieron vigencia hasta finales de la década de los años 60 del siglo XX. Antes del surgimiento del Estado moderno este tipo de entidades prestaban servicios de bienestar social a la persona, la familia y la comunidad. La década de los años 60 implicó un punto de quiebre del modelo asistencialista y paternalista de las entidades sin ánimo de lucro. La complejidad de los problemas sociales y la búsqueda de soluciones más efectivas para remover las causas estructurales de la pobreza y la exclusión, dieron origen a organizaciones con concepciones y propuestas diferentes en cuanto a su enfoque político y social.
La década de los años 80 fue el tiempo del surgimiento y consolidación del modelo neoliberal del Estado y de la universalización del término de ONG, en reemplazo de las entidades sin ánimo de lucro. Desde esa época se comienza a hablar y a conceptuar sobre los actores del desarrollo: El Estado, la empresa privada y el tercer sector. Las ONG se ubican y son parte fundamental del tercer sector. La diversidad de su origen, naturaleza y evolución constituyen un universo heterogéneo en su composición y disperso en su accionar. La realidad presente es la de un poliformismo organizacional de modelos, tendencias y propósitos: ONG de asistencia y beneficencia coexisten con ONG de prestación de servicios, de desarrollo social y empresariales. Este poliformismo es, a la vez, una debilidad y una fortaleza; debilidad en cuanto dificulta la coordinación y la concertación; y fortaleza porque manifiesta vitalidad y dinamismo. Independiente de su origen y forma organizacional, las ONG fundamentan su acción en el aporte al capital social e institucional de la sociedad.
La misión de las ONG radica en la promoción y defensa de los Derechos Humanos, entendidos como garantía de una vida digna con oportunidades para todos y todas sin ningún tipo de discriminación. No hay necesidad y satisfactor humano que no sean atendidos por ellas. Tampoco hay grupo poblacional o generacional excluido de su acción. No se concibe una ONG que no trabaje, desde su misión particular , por la vigencia y el respeto por los Derechos Humanos. En el objeto social de cualquier ONG hay siempre una intención explícita de contribuir al desarrollo humano y social. Las ONG comparten los valores universales de la solidaridad y la justicia. Creen en la posibilidad del cambio personal, familiar, social, político, económico y cultural del ser humano.
Las ONG y sus relaciones con el Estado
De mayor importancia y significación son las relaciones que establecen y mantienen el Estado y las ONG. Las Organizaciones no Gubernamentales definen su identidad a partir de los que no son ni quieren ser: Organizaciones Gubernamentales. Al regirse por el derecho privado no dependen de funcionarios públicos, ni de normativas oficiales para conformar sus estructuras de gobierno. En cuanto al papel que asumen las ONG con relación al Estado colombiano se evidencian cuatro tendencias:
1. Negación del Estado.
Es un grupo minoritario de ONG que se resiste a considerar la dimensión pública de su misión institucional; generalmente son organizaciones de enfoque asistencial y de beneficencia, de larga tradición, con autosuficiencia patrimonial y financiera. No mantienen, ni están interesadas en tener relaciones contractuales con el Estado, ni en participar en escenarios públicos o en redes sociales; su interés es el de prestar servicios a los grupos poblacionales de acuerdo con sus principios fundacionales y filantrópicos. Son ONG refractarias al cambio interno y a las demandas externas.
2. Confrontación civil con el Estado.
Son aquellas ONG que se niegan a entrar en relaciones de contratación con el Estado para poder ejercer funciones de crítica, veeduría y fiscalización a la gestión pública. Son ONG donde prima la formación política de sus miembros y se hace explícito su alinderamiento en la llamada izquierda democrática. Están contra el empleo de la violencia y propugnan por una salida negociada al conflicto armado. Su acción institucional se centra en la formación de ciudadanía y de Derechos Humanos. Promueven y participan en foros y realizan pronunciamientos públicos con respecto a decisiones y políticas oficiales. Dependen de la cooperación internacional para su financiamiento.
3. Colaboración funcional con el Estado.
Es un grupo de ONG que tomó partido por las nuevas oportunidades que abrió la Constitución de 1991 y la Ley 80 de 1993. Estas ONG se caracterizan por la prestación de servicios a grupos vulnerables y en riesgo. En su afán de obtener recursos oficiales para su sostenimiento renuncian a ser y a desarrollar un modelo alternativo de desarrollo social, convirtiéndose en meros ejecutores de los programas formulados por la política gubernamental de turno. Son ONG solícitas, en extremo, de las directrices oficiales que no solo costean barato sus servicios sino que, además, los cofinancian con recursos propios o de cooperación nacional e internacional. De ahí el apelativo crítico de Organizaciones Neogubernamentales. Muchas dependen de un solo contrato anual de aportes como aquellas vinculadas al ICBF o a una Caja de Compensación Familiar, situación que agrava su debilidad institucional e impide su autonomía programática y financiera. Estas ONG no están interesadas en polemizar con el Estado, ni en construir un discurso propio de lo social, de la participación o de la construcción de lo público democrático. Su preocupación es la de cumplir con su misión institucional y asegurar recursos para su sobrevivencia así sea a costa de “privatizar lo público”. La colaboración funcional con el Estado tiene el riesgo para las ONG que siguen esta tendencia de ser vistas por la sociedad como un sustituto del mismo Estado; como las que “llenan un vacío”, las que hacen lo que el Estado no quiere o puede hacer. Al actuar de esta manera deslegitiman al Estado y minan la confianza de la ciudadanía en sus instituciones públicas.
4. Negociación y cogestión con el Estado.
Un cuarto grupo, más reciente, de ONG trata de articular la prestación de servicios y la producción de bienes sociales con la construcción de un pensamiento gremial de fortalecimiento a la Sociedad Civil, de promoción y acompañamiento a los sectores populares y organizaciones comunitarias así como la ejecución de proyectos de desarrollo local, regional y ambiental. Pretenden ser no sólo un poder social sino, también, político y para ello aspiran a ser reconocidos por los otros sectores y organizaciones como actores sociales.
La discusión permanece abierta en el escenario de las ONG que quieren afirmarse y desempeñarse en los espacios públicos como actores sociales; discusión que compromete, en el buen sentido, una afiliación política, ideológica y programática determinada. La propuesta de transformación de las ONG en actores sociales esta contenida en el Acuerdo Programático para construir la Paz , formulado por la Confederación Colombiana de ONG. En dicho acuerdo se hace énfasis en la importancia que ellas tienen en la convivencia democrática, en la construcción de ciudadanía, de lo público y de los bienes colectivos; sobre este último punto dice el acuerdo:
“(...) Lo público es el lugar en donde la equidad se hace posible.. A mayor producción de bienes colectivos y públicos, mayor equidad. Para producir bienes públicos se requiere de un saber que es necesario construir y desarrollar; se requiere aprender a trabajar colectivamente. En este aprendizaje, las ONG y las redes de ONG juegan un papel fundamental”[2]
¿Qué ganan las ONG que le apuestan a convertirse en actores sociales? Autoestima institucional, visión global, visibilidad, reconocimiento de otros sectores y capacidad de negociación y de cogestión con el Estado en la formulación de políticas públicas y en la ejecución de proyectos y programas sociales. ¿Qué se requiere para iniciar el cambio? Valor para tomar la decisión, apertura mental, liderazgo, apoyo gremial, trabajo en red, profesionalización del personal, compromiso, y demostrar impacto y resultados. Si las ONG se asumen y actúan como actores sociales y como gremio en la defensa de sus intereses, que no pueden ser otros que la procura del bienestar y los Derechos Humano de las personas y colectivos a quienes manifiestan promover y servir, habrán afianzado su papel en la sociedad y reencontrado su auténtica razón de ser.[3]
Efectuada esta panorámica acerca de las ONG realizaremos otra sobre los cambios familiares de las últimas décadas para luego establecer las relaciones entre las ONG y las concepciones que guían el trabajo con y para las familias.
Nuevas tipologías familiares
No nos es fácil precisar en que momento empezamos a pensar, hablar y escribir acerca de las familias en plural. Desde la Ley y las ciencias sociales se pensaba en la familia, como institución o como organización, en singular. La representación social y la religiosa coincidian, la familia nuclear no podía ser otra que la familia de Nazareth. Lo singular no era distinto de lo genérico.
Fue, quien si no, Virginia Gutiérrez de Pineda la que puso a circular el concepto del poliformismo familiar para dar cuenta de un nuevo fenómeno que ocurría en la composición de la familia colombiana como respuesta a los cambios demográficos, migratorios, políticos y económicos de las últimas tres décadas del siglo xx. El efecto palpable fue la ampliación del espectro de las tipologías familiares en el país. En un estudio publicado en 1993 por el ICBF en 1993 acerca de la tipología regional de la problemática familiar y factores socioculturales asociados, el equipo investigador dio cuenta de 19 categorías en una muestra de 4.297 historias integrales sociofamiliares. [4]
Tomo tiempo entender y aceptar que la “desintegración” de la familia nuclear no era la extinción de la familia sino un proceso de recomposición y adecuación. Aún en 1993, el Estudio Nacional de Salud Mental y Consumo de Sustancias Psicoactivas, realizado por el Ministerio de Salud, definía, así, el nivel de integración de la familia:
“Familia integrada: Si los dos jefes de hogar, ya sean: padre y madre, esposo y esposa, compañero y compañera, están vivos y viven juntos de manera permanente”
“Familia desintegrada: Si falta uno de los jefes o si viven ocasionalmente con ellos”
“Cuando la persona vive sola, este hecho fue considerado como situación desintegrada, asimilándose a la anterior categoría”[5]
O sea que la falta de un miembro de la pareja se consideraba como un factor de riesgo asociado a un problema de salud mental o de consumo de sustancias psicoactivas en los hijos.
De acuerdo con cálculos de la Encuesta Nacional de Hogares del DANE de la distribución de hogares por tipo en las siete principales ciudades comparando los años de 1978 y 2003 es la siguiente:[6]
1978 2003
TIPO
No familiar 8,5 13,9
Familiar Biparental 75,2 61,5
Familiar Monoparental 16,3 24,6
Total 100 100
Los datos indican que los hogares familiares monoparentales y los hogares no familiares han venido aumentando como consecuencia de la viudez, la separación, el divorcio y el abandono pero que aún los hogares familiares biparentales siguen siendo mayoría.
Esta diversidad de tipologías familiares ha incidido en la discusión teórica y política en cuanto si es conveniente o no que el Estado legisle y formule políticas públicas para discriminar positivamente un tipo particular de familia, como es el caso de las mujeres cabeza de familia[7]. La discusión se extiende, también, a proponer conclusiones con relación a cual tipología proporciona mayores factores de protección a niños y jóvenes. La profesora Carmen Elisa Flórez de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes afirma:[8]
“La evidencia sugiere la existencia de dos procesos simultáneos en la estructura de los hogares: el incremento significativo de las uniones consensuales como fundamento de la familia y el aumento importante de la inestabilidad de las uniones, evidente en mayores separaciones y divorcios. Estos dos procesos tienen efectos negativos sobre la capacidad de socialización de la familia, con importantes repercusiones en el procesos de desarrollo y en las expectativas de vida de los niños y adolescentes, independientemente de la condición socioeconómica del hogar. Los niños de hogares en unión consensual o en hogares monoparentales obtienen menores logros educativos que los niños que viven en hogares biparentales legalmente constituidos. Las adolescentes con madres en unión consensual o con madres separadas/divorciadas son más propicias al inicio rápido de relaciones sexuales y al embarazo temprano”
Este debate, aun en proceso, requiere de mayor estudio e investigación que nos permita concluir si existe o no una relación de causa efecto entre la composición familiar y los factores de riesgo. No puede seguir aceptándose desde la doctrina religiosa o desde la creencia popular que existe un tipo de familia ideal que prime sobre las otras y la cual deba favorecerse por encima de las otras.
La coexistencia de la sociedad tradicional y la sociedad moderna
En Occidente los efectos combinados de la revolución industrial, de la migración campo ciudad y el proceso de modernización modificaron la amplitud y la intensidad de las funciones familiares. De la familia rural extensa y autosuficiente se paso a la familia nuclear urbana dependiente. El crecimiento de las ciudades conllevó la distribución del uso del suelo en espacios diferenciados para trabajar, estudiar, recrearse y reproducirse. La vida pueblerina y de vereda se fue reemplazando por la vida de barrio, generalmente en condiciones de pobreza y marginalidad. Funciones que antes eran desempeñadas por las familias pasaron a ser prestadas por otras organizaciones del Estado y la sociedad. Para el nuevo habitante urbano la familia no alcanzaba a satisfacerle todas sus necesidades vitales. En los países latinoamericanos, donde nunca se consolido un verdadero Estado de Bienestar, fueron las organizaciones sociales patrocinadas por la iglesia católica y los ciudadanos las que crearon la oferta y recepcionaron las demandas por vivienda, educación y salud de las familias. Si bien el discurso oficial insiste en reconocer a la familia como núcleo de la sociedad, esta ha ido perdiendo los medios y los apoyos para cumplir con las pocas funciones que aun le quedan como la socialización, la expresión afectiva y la económica. Sin embargo, resulta paradójico que sean precisamente las familias las que proporcionan defensas a los individuos para protegerse de los riesgos y los efectos negativos de la pobreza. En el estudio Familias colombianas: estrategias frente al riesgo se afirma:
“En Colombia la familia es la principal institución para defenderse de la incertidumbre. Becker observa que este comportamiento se presenta en sociedades tradicionales, donde el mal clima y las pestes destruyen las cosechas y los costos de transacción son altos por la desconfianza entre compradores y vendedores. Considera que la familia – o más exactamente los grupos de parentesco- son importantes en sociedades tradicionales en buena medida porque protegen a sus miembros ante la incertidumbre. Incluso afirma que un grupo de parentesco es una compañía de aseguramiento razonablemente efectiva. De acuerdo con la caracterización que hacen Sudarsky y Cuellar de la sociedad colombiana, nuestras familias tendrían rqsgos de la organización tradicional de la que habla Becker. La aproximación beckeriana puede llevar a desconocer valores de la familia premoderna. Es cierto que en las sociedades desarrolladas la confianza en la unidad familiar se desplaza a instancias externas, como el Estado, pero esa tendencia no es intrínsicamente positiva. Reflexionando sobre el caso de Canadá, Berry advierte que desde que el Estado ha asumido responsabilidades que antes eran de la unidad familiar, el núcleo se está rompiendo con más facilidad. Los viejos se retiran a los ancianatos y los hijos abandonan prematuramente el hogar. A juicio de Berry, esta familia “moderna” no es el ideal. Incluso el gobierno canadiense ha optado por desestimular los subsidios a los jóvenes, a fin de forzarlos a permanecer más tiempo con sus padres.
La familia extensa, viva o no en el mismo hogar, ha sido reconocida como una modalidad de aseguramiento. Las economías de escala que genera este tipo de hogares les permite mitigar la pobreza y disponer del ingreso colectivo para enfrentar la crisis”.[9]
Del texto anterior se colige que al Estado y a las ONG no les compete asumir las funciones propias de las familias sino las de formular políticas definidas y servicios específicos de apoyo y acompañamiento que les permitan cumplir adecuadamente con las suyas.
La feminización de la pobreza [10]
Una consecuencia bien conocida de la transición de una sociedad tradicional a una sociedad moderna es la quiebra del modelo patriarcal de familia y de la figura del hombre como proveedor principal de la economía familiar. La incapacidad del sistema económico por garantizar pleno empleo y del sistema educativo por calificar la fuerza de trabajo urbana crearon las condiciones para el surgimiento de los fenómenos del desempleo, el subempleo y el trabajo informal, situaciones que afectaron y afectan con particular intensidad a los hombres. La irresponsabilidad masculina ante el no cumplimiento de las responsabilidades familiares haya su origen en dichas circunstancias y es, en gran parte, la explicación al abandono y separación de la mujer y los hijos, situación, a su vez, que origina el crecimiento de los hogares con jefatura femenina, los cuales representan, en la actualidad, cerca del 30% de las familias del país. Si bien hemos avanzado en eliminar todas las formas jurídicas de discriminación a la mujer y en el reconocimiento de sus derechos políticos, sexuales y reproductivos, las mujeres no logran aún equidad en las condiciones de contratación y remuneración. Como se señala en el apartado de las nuevas tipologías familiares los hogares con jefatura femenina están expuestos a riesgos, tensiones y conflictos que le imprimen unas características muy particulares en su dinámica familiar. Una de ellas es que al tener un solo proveedor, de baja calificación laboral e insuficiente ingreso no logra superar los umbrales de la pobreza siendo más vulnerables a los efectos de los ciclos económicos y al riesgo de la desintegración familiar.
Los impactos del conflicto armado, el narcotráfico, la delincuencia común y la emigración.
La persistencia por más de cuatro décadas del conflicto entre el Estado y los actores armados y la delincuencia común contra la sociedad han afectado no solo el crecimiento económico y restado recursos a la inversión social en extensas regiones del país sino que, además, han causado efectos devastadores en la dinámica, la estructura, la composición, las características y las tipologías familiares. No solo la pobreza, también el desplazamiento forzado, las desapariciones de personas[11] , los secuestros[12], el reclutamiento obligado de niños(as) y jóvenes, así como el incremento de la población carcelaria por delitos contra la vida, honra y bienes de la ciudadanía[13] se configuran como problemas sociales que afectan la calidad de vida de miles de familias colombianas, independiente de su estrato socioeconómico o lugar de residencia. No es del caso aquí citar estadísticas sino el de señalar sus repercusiones. La recomposición del núcleo familiar, el cambio de roles y las estrategias de sobrevivencia son aspectos estudiados en las investigaciones sobre desplazamiento forzado[14]; la elaboración simbólica de la muerte lo ha sido en el caso de las desapariciones; los desajustes de personalidad del secuestrado una vez recuperada su libertad, el incremento de las separaciones y los divorcios y el cambio de roles son efectos del secuestro, mientras que apenas se exploran las consecuencias en el desarrollo de la personalidad y en los proyectos de vida de los niños, niñas y jóvenes reincorporados. Con relación a la población carcelaria se han identificado los efectos del fenómeno de “prisionalización”[15] en los internos(as) y sus familias. Aunque la comunidad internacional, el Estado y la sociedad colombiana no son indiferentes a estos impactos, son, en realidad, las familias quienes afrontan con sus propios recursos las consecuencias definitivas de los hechos violentos. Si la resiliencia es afrontar con valor la adversidad y salir fortalecido de ella, las familias colombianas han y siguen dando muestra de su gran resiliencia. La resistencia, la movilización, la denuncia, el no abandono y olvido de sus seres queridos secuestrados, por ejemplo, han convertido a muchas familias en actores políticos que presionan, por todos los medios a su alcance, el intercambio humanitario. Gracias a sus acciones el sufrimiento de los secuestrados es mitigado por el anhelo del reencuentro y el disfrute de la libertad. Y serán estas familias las que no cejarán en que se cumpla la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas del conflicto armado.
Uno de los efectos más recientes y menos estudiado del conflicto armado y de la crisis económica de finales de los años 90 es la emigración de más de 4.000.000 de colombianos a los países desarrollados del norte en busca de protección y oportunidades. Es un efecto paradójico, por un lado ha tenido efectos positivos en la economía nacional al aumentar la cuantía de las remesas, cerca de 2.000.000.000 de dólares en el 2004, dineros que se destinan al consumo de las familias y la compra de vivienda, por el otro, separa las familias obligándolas a reconfigurar los roles, la autoridad y las formas de comunicación entre las parejas y los padres e hijos. También aquí las familias expresan sus fortalezas de resiliencia, albergando la esperanza del reencuentro y alejando el fantasma del olvido y el abandono.
El fraccionamiento de la política social
Es a partir de la creación del ICBF en 1968 cuando el Estado colombiano reconoce que la familia es una institución sujeta de derechos y merecedora de atención de políticas, programas y servicios públicos. En sus inicios el ICBF enfoca su misión a la protección de la niñez, a la prevención del maltrato y a regular la legislación en casos de abandono y adopción de menores. El Estado delega en el ICBF la aplicación de las medidas correctivas frente a la paternidad irresponsable y al menor infractor así como la vigilancia de las instituciones privadas de infancia y familia. Luego asume, en forma directa, la atención a los menores preescolares y más tarde delega en los hogares comunitarios el cuidado físico, nutricional y afectivo de los hijos de las madres trabajadoras; obteniendo para ello, un ingreso parafiscal permanente equivalente al 3% de la nómina de las empresas estatales y privadas. Más tarde prioriza la violencia intrafamiliar como eje de intervención y diseña el programa de educadores familiares como estrategia de promoción y prevención. Un hito importante de la política pública sobre familia fue la Constitución Política de 1991. A la par que reconoció a la familia como núcleo fundamental de la sociedad reconoció, también, derechos a grupos poblacionales como las mujeres, los jóvenes, los discapacitados y los adultos mayores. Este empoderamiento y visibilización de los grupos poblacionales, positivo de por sí, incidió en el fraccionamiento de la política social y en consecuencia, en la atomización de los presupuestos públicos para atender los requerimientos burocráticos de las consejerías y oficinas departamentales y municipales, las cuales se crearon sin un enfoque y perspectiva de familia. En este sentido las loables intenciones de la Constitución de 1991 tuvo efectos perversos para los programas y proyectos de atención a las familias. Ellas pasaron a ser otro grupo poblacional más. Con beneplácito observamos como se esta dando un replanteamiento en la formulación de la política social al reubicar a las familias como eje central y articulador y estructurante de los demás grupos poblacionales. El problema de fondo reside en que las políticas sociales no trascienden los programas de gobierno y los planes de desarrollo de las administraciones departamentales y municipales[16]. Cada administración se preocupa más por la ejecución de las promesas electorales y la forma en que estas tendrán cabida en el plan de desarrollo y en el plan de inversiones que en mantener una política y una serie de programas y acciones en las cuales no han participado ni se sienten responsables. Decíamos en un trabajo anterior:
“El verdadero alcance y acierto de una política pública hacia las familias está en apoyar y acompañarlas en el desempeño de sus funciones vitales tanto las que tienen que ver con la satisfacción de sus necesidades materiales como de las psicosociales. La política tiene que tener un doble propósito: uno, el específico de las asuntos familiares y el otro, asegurar que toda la política social tenga que ver con la supervivencia de las familias. En la medida que se cumpla con los anteriores propósitos se estará no solo fortaleciendo las capacidades internas de las familias para un adecuado cumplimiento de sus funciones vitales sino, además, previniendo la aparición y el incremento de múltiples disfunciones familiares y sociales. Las omisiones, la falta de apoyo y acompañamiento constante y decidido del Estado y la sociedad para con el bienestar de las familias se revierte en el malestar para las personas y los demás grupos etáreos y en problemas de convivencia, legitimidad y seguridad pública”.[17]
Para el año 2050 se estima que la población colombiana será de 71.500.00 de personas, cambiando la pirámide demográfica a un rectángulo como resultado del envejecimiento de la población. Esto implica cambios en la composición de las familias y nuevas realidades de atención para todos los grupos etáreos.
LAS ONG Y LAS FAMILIAS
Vistos ya los antecedentes podemos atrevernos a hilar las relaciones entre las concepciones de familia que subyacen en los procesos de intervención liderados por las organizaciones no gubernamentales.
Referíamos que como grupo humano el bienestar de las familias debe atender tanto las condiciones materiales como las condiciones psicosociales[18]. Existen ONG que tienen como misión atender solo las condiciones materiales, solo las psicosociales o ambas; y las atienden de acuerdo con tres enfoques diferentes, resultado de su desarrollo histórico: el enfoque asistencial, el de prestación de servicios y el de desarrollo social.
Enfoque asistencial
Corresponde al viejo paradigma de lo social cuyos componentes son la caridad cristiana , la filantropía individual, la beneficencia y el voluntariado. El asistencialismo parte de la premisa de la imposibilidad del cambio de la situación económica, social y cultural de las personas, familias y comunidades. Estas son atendidas en calidad de “beneficiarias”, de elegidas, para ser merecedoras del acceso y disfrute privilegiado de programas, bienes y servicios. El asistencialismo fomenta la dependencia entre el oferente y el receptor. La dependencia impide el crecimiento personal, el fortalecimiento de la autoestima, la búsqueda de la autonomía individual y la autogestión comunitaria. Impide, mental, emocional y físicamente el hacerse cargo, con responsabilidad y madurez del propio destino. Las prácticas asistenciales se han dado tanto en las organizaciones públicas como las privadas donde aun persisten bajo el esquema de la focalización y la atención a la población vulnerable.
Hay que diferenciar los conceptos de asistencialismo y de asistencia. La asistencia es un primer momento de atención, necesario e indispensable, para preservar la vida y reparar los daños y las pérdidas materiales de las comunidades que han sido víctimas de una agresión o de un desastre natural; se asocia al concepto actual de atención humanitaria como el de suministrar alimentos, albergue, ropa, frazadas y tratamientos médicos durante un corto período de tiempo. El problema reside en que los afectados asumen la posición de víctimas y damnificados recibiendo por ello ganancias secundaras, las cuales se incrementan en la medida que se prolonga su situación.
El enfoque asistencial ha privilegiado su atención a cubrir las necesidades materiales de las familias pobres tales como la vivienda en comodato, la repartición de mercados, los roperos, las becas y la consulta médica gratuita.
Enfoque de prestación de servicios
En la medida en que las ONG fueron profesionalizando sus cuadros directivos y sus equipos técnicos, las ciencias sociales, humanas y de la salud sus metodologías de intervención y las organizaciones del Estado sus exigencias de contratación, los componentes del viejo paradigma de lo social perdieron su vigencia. Las ONG fueron evolucionando hacia entidades especializadas en la prestación de servicios a grupos poblacionales específicos , para ello asumieron estructuras, lineamientos y prácticas empresariales tanto en la gestión social como en la gerencial. El beneficiario paso a ser cliente y con ello cambio no solo la concepción del trabajo sino, además, el tipo de relaciones. Las comunidades religiosas y el voluntariado fueron desplazados por profesionales especializados vinculados con contratos laborales o de prestación de servicios. La configuración de un mercado de oferta y demanda de servicios sociales implicó nuevos procedimientos y la aplicación de criterios de rentabilidad, cobertura, calidad, evaluación y eficiencia. El modelo neoliberal halló en estas ONG especializadas en prestación de servicios el instrumento justo para la aplicación de sus políticas sociales. La contratación, la formulación de propuestas, y el fomento de la competencia entre ellas por el acceso a los recursos públicos son otros resultados del modelo. En Colombia son claro ejemplo de ello las ONG del sector salud, como aplicación de la Ley 100 de 1993 y las ONG adscritas al Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Son las ONG que han establecido relaciones de colaboración funcional con el Estado.
Efectos perversos ha tenido el modelo neoliberal al incentivar la competencia por los escasos recursos públicos para las familias de las entidades territoriales, entre las universidades, las cajas de compensación y las ONG de prestación de servicios. Las primeras acuden a ventajas comparativas como la facultad de efectuar convenios interadministrativos, donde se elude la Ley 80 de 1993, la de no cobrar IVA, así como la de “aportar” capacidad instalada y valores agregados, imposibles de cumplir por parte de las ONG. Esta situación ha forzado a que primen en las organizaciones del tercer sector las relaciones de competencia sobre las de colaboración y participación. La búsqueda y obtención de contratos para prestar servicios a las familias se ha convertido en una tabla de salvación para la sostenibilidad de estas organizaciones. Las familias ya no son solo el fin, el objeto social de intervención, sino el medio de aseguramiento institucional. Igual análisis puede extenderse para los programas de niñez, discapacitados y adulto mayor.
Enfoque de desarrollo social
No existe, en sentido estricto, una teoría consolidada acerca del desarrollo social. Antes que la comunidad académica han sido los funcionarios de las ONG, del Estado y de las organizaciones internacionales, las personas que más han trabajado sobre las implicaciones teóricas y prácticas del desarrollo social. Los temas de la pobreza, de la inequidad y la exclusión y las alternativas de su superación son los que han configurado el núcleo del desarrollo social. Y como ya sabemos surgió como crítica al concepto de desarrollo económico a ultranza, en el sentido de que este, per se, es insuficiente para lograr equidad en el acceso a las oportunidades, la distribución de los excedentes y en la mejora de la calidad de vida de la población.
Las ONG de familia que guían su acción y su reflexión bajo un enfoque de desarrollo social son aquellas que han asumido, en calidad de actores sociales, una posición de negociación y cogestión con el Estado. Se sitúan como representantes de un nuevo paradigma emergente de lo social. Si bien pueden atender necesidades materiales y psicosociales de las familias también le apuestan al trabajo en redes, a la conformación de alianzas y a incidir en la formulación de políticas específicas y sectoriales para las familias en los niveles local, departamental y nacional. Promueven, además, la autogestión y la participación activa de las familias en el diseño, ejecución y evaluación de sus programas sin considerarlas como beneficiarias o clientes; asumen la estrategia de la interinstitucionalidad y la intersectorialidad en la gestión económica, política y social.
La realidad presente marca la coexistencia y simultaneidad de las ONG de familia bajo estos tres enfoques que a su vez interpretan ocho concepciones acerca del deber ser de las familias.
La familia como núcleo fundamental de la sociedad
El objetivo es fortalecer la unidad de la familia y protegerla de toda amenaza que implique su desintegración como los conflictos, los divorcios y las separaciones. La familia es concebida con un destino mesiánico de preservación de la sociedad, de la armonía, de la convivencia, de la estabilidad de la pareja y de la transmisión cultural. El papel del Estado es el de legislar para mantener su funcionalidad y el de las iglesias el de promoverla como un baluarte sacramental.
El enfoque asistencial refuerza la concepción tradicional de la familia e intenta la restauración de las familias a sus condiciones iniciales. La intervención va dirigida a evitar los factores de riesgo que atenten contra la unidad familiar. Hay una pretensión de sobrevalorar las condiciones psicosociales sobre las materiales en el sentido de que los efectos de la pobreza pueden mitigarse con el dialogo, la formación y la conciliación.
El enfoque de prestación de servicios comparte la concepción de la familia como núcleo fundamental de la sociedad pero acepta que las transformaciones sociales, económicas y culturales inciden en cambios de la tipología, la composición ,y la estructura familiar. Articula el conocimiento científico, las herramientas de la gerencia social y las potencialidades de las familias para cualificar su intervención en situaciones de crisis familiar. No subestima la determinación de las condiciones materiales ni sobrevalora las condiciones psicosociales de las familias. Fija un tiempo y pone límites a las relaciones con las familias.
Las familias como factor de riesgo asociado a las problemáticas sociales
Con fundamento en el conocimiento científico de las ciencias humanas, sociales y de la salud se acepta que ciertas problemáticas sociales como el menor de y en situación de calle, el trabajo infantil, la explotación sexual infantil y juvenil, el maltrato y abuso sexual, el abandono, la deprivación afectiva, la desnutrición, la farmacodependencia, el alcoholismo, las ludopatías, la delincuencia juvenil, la deserción escolar, la niñez y juventud en situación de conflicto armado, la mendicidad y la indigencia están asociadas a disfunciones en la estructura, funciones y dinámicas familiares. La mayoría de estas problemáticas son atendidas en medio institucional por las ONG e implican el trabajo de equipos interdisciplinarios con la persona y su familia. Los niveles de intervención corresponden, según el caso y el alcance, a la promoción, la prevención, la asesoría y la terapia individual y familiar. Bajo esta concepción de familia se ubican las ONG con enfoque de prestación de servicios y dirigidas a atender las condiciones psicosociales de las familias.
Las familias como soporte de los sistemas educativo y de salud
La premisa de la cual se parte es que sin el compromiso y la participación activa de las familias no es posible lograr objetivos y metas de calidad y cobertura en los servicios de educación y salud. Las acciones que se realizan en este sentido son las de escuelas de padres, la escuela saludable y la promoción de estilos de vida saludables. En el sector educativo la estrategia ha sido la de capacitar a los docentes como agentes multiplicadores en el trabajo con las familias. El ICBF ha promovido con ONG operadoras el programa de educadores familiares comunitarios. La investigación de Diana López y Rocío Ribero : Tiempo de la madre y calidad de los hijos señala al respecto.
“Diversos estudios han intentado encontrar las principales causas que determinan el desarrollo académico de los niños. Estos estudios han analizado el efecto que tienen variables como la educación de los padres, el ingreso del hogar, la participación laboral de la madre, la presencia de otros adultos en el hogar, el espaciamiento que hay entre los hijos, así como el costo de cuidar un menor. Cada una de estas variables parece tener un efecto directo o indirecto sobre el desarrollo cognitivo de los niños, de tal forma que el desempeño académico de los
niños no está determinado únicamente por la asistencia a un establecimiento educativo de calidad, sino que todos los factores presentes en su entorno social y familiar tienen un impacto sobre su desempeño” [19]
En el sector salud existen ONG que atienden, de manera permanente o transitoria, a pacientes crónicos y sus familias tales como los transplantados, los del VIH – SIDA, los diabéticos, los hipertensos, con síndrome de Down, los limitados físicos y otros. Las familias son incorporadas en redes de apoyo sicosocial y entrenadas como apoyo a los procesos d tratamiento y recuperación.
Las familias como grupo privilegiado de acciones para la superación de la pobreza
En los últimos 50 años el marco conceptual de la Economía del Desarrollo, la agenda de las organizaciones internacionales para el desarrollo, los programas de los gobiernos y el trabajo de las ONG tienen el denominador común de actuar sobre las causas y los efectos de la pobreza en los seres humanos. La infancia, los hogares y las familias son el referente para establecer indicadores del avance y/o retroceso frente a la superación de la pobreza. Las ONG asistenciales insisten en “llenar los vacíos del Estado” satisfaciendo necesidades primarias. Las ONG de prestación de servicios han ampliado su ámbito a las familias que demandan microcrédito y asesoría en la creación de famiempresas. Las ONG de desarrollo social insisten en mantener la vigencia del tema en las agendas públicas, las redes sociales y las políticas gubernamentales. En esta concepción las familias siguen siendo receptoras pasivas de acciones planeadas y decididas por organizaciones externas. [20]
Las familias como sujetos de la atención humanitaria
La atención humanitaria se define:
“...como un conjunto de acciones de ayuda de diversa índole a las víctimas de desastres, ya fueron estos causados naturalmente o por la mano del hombre (conflictos armados), encaminadas a aliviar el sufrimiento, garantizar la subsistencia, proteger los Derechos Humanos, controlar la desestabilización económica de las comunidades y restablecer su tejido social”.[21]
Si bien son los países desarrollados del norte quienes aportan los dineros para la atención humanitaria son, también, las ONG del norte las que canalizan y operan los recursos. De las 121 ONG internacionales con sede en Colombia 33 centran su trabajo en programas de atención humanitaria especialmente con las familias en situación de desplazamiento forzoso[22]. Evitar la disgregación y la desintegración de las familias reforzando las redes de parentesco son acciones que se incluyen en la atención humanitaria. En estas situaciones la presencia y permanencia de los padres y adultos mayores es fundamental para garantizar la sobrevivencia de niños, niñas, jóvenes, discapacitados y ancianos.
Las familias como otro grupo poblacional de la comunidad
El concepto de comunidad involucra las relaciones que se establecen entre las personas y los grupos que viven en un territorio, urbano o rural, determinado, con arraigo, sentido de pertenencia y organizaciones, formales e informales, para defender intereses, satisfacer necesidades o resolver problemas con o sin la participación del Estado. Como una especie particular de ONG pueden considerarse las llamadas organizaciones comunitarias como aquellas que se crean para prestar servicios en barrios populares o veredas y fomentar el liderazgo y la participación.. Cuentan con personería jurídica y estructura organizacional. La pertenencia de sus socios(as) esta definida por la residencia local. Estas organizaciones han recibido importantes apoyos técnicos y financieros del Estado, la cooperación internacional y las ONG nacionales.[23]
Característica de las organizaciones comunitarias es la de desarrollar actividades con todos los grupos poblacionales entre ellos las familias, a quienes ofrecen, por ejemplo, convivencias, tardes recreativas y talleres lúdico reflexivos. Las familias se sitúan como enlace entre la persona y la comunidad.
Las familias como formadoras de capital social, de ciudadanía, y de convivencia pacífica
El concepto de capital social, junto al del capital humano, ha sido uno de los desarrollos más recientes y fructíferos de las ciencias sociales al conocimiento de la realidad social. En el pasado solo se concebía que la riqueza de un país estaba representada en sus activos naturales, la infraestructura física y el capital financiero disponible. El reconocimiento de los valores, en especial la confianza, y de las pautas culturales como facilitadores de las relaciones, del tejido social y como factores del desarrollo reafirma el papel de las familias como agentes de socialización y responsables primarios de la formación de la personas. La creación y mantenimiento de la confianza entre padres e hijos, base de la autoestima y la asertividad, y el fomento de las habilidades sociales son tareas que competen a las familias.
Desde el Ministerio de Educación Nacional y al amparo de la Constitución Política y del referente de los Derechos Humanos las familias son consideradas como un espacio propicio para promover el ejercicio del dialogo, de la negociación, del respeto de la diversidad, y de los valores democráticos. En este sentido las ONG y las instituciones educativas desarrollan programas con niños y jóvenes como el de las pruebas anuales de competencias ciudadanas.
La concepción de las familias como formadoras de capital social, de ciudadanía y de convivencia pacífica implica asumirlas como aglutinadoras y referentes de los demás grupos poblacionales; para ello es imperativo, volvemos a decirlo, una definición explícita de política pública frente al mejoramiento real de sus condiciones materiales y psicosociales. El capital social es una obra colectiva, un bien público que es necesario defender y acrecentar. El fortalecimiento de las familias no debe mirarse solo en su dimensión interna sino, también, en su proyección ciudadana y comunitaria. Las ONG de desarrollo social han visto este potencial y vienen promoviendo propuestas interesantes en tal sentido.[24]
Las familias como actor social
A diferencia de los enfoques asistencial y de prestación de servicios que consideran a las familias como sujetos de intervención, en el enfoque de desarrollo social es posible concebir a las familias como un actor social. Compartimos la definición de Rovere acerca del significado del concepto de actor social:
“Sujeto individual o colectivo que en una determinada situación controla recursos de poder (económicos, capacidad de representación, de movilización, de convocatoria, de influencia) suficientes como para influir en forma determinante sobre los acontecimientos que nos interesan o nos afectan” [25]
Considerar que las familias dejen de ser sujetos pasivos de los discursos y acciones del Estado, de las iglesias, de la cooperación internacional, de las cajas de compensación, y de las ONG, de todo tipo, para convertirse en sujetos activos conscientes del poder que da la propia representación y movilización de sus intereses es situar a estas en una nueva perspectiva política donde no es necesaria ya la mediación de otros actores. Este camino lo han recorrido las mujeres, los jóvenes y los discapacitados, quienes han logrado importantes reconocimientos y logros por su capacidad de organización, movilización y convocatoria.[26] La reconocida socióloga e investigadora de familia María Cristina Palacio Valencia reflexiona al respecto:
“La redefinición de la familia como actor del desarrollo, sujeto de políticas públicas y ámbito de formación ciudadana, tiene que dar cuenta de nuevas elaboraciones discursivas sobre construcción política de la familia, donde los derechos y los deberes como enlace de las prácticas y los imaginarios ciudadanos no estén circunscritos a las actuaciones públicas ni individuales. Es necesario descubrir que éstas contienen y expresan el ejercicio de los derechos y los deberes parentales. En otros términos, hay que hacer explícito desde las convenciones normativas y los consensos culturales y sociales, las actuaciones ciudadanas del padre, la madre, los hijos e hijas, hermanos y hermanas; en fin, de cada uno de los integrantes de la familia según su rol parental, de género y generación”[27].
Las ONG con enfoque de desarrollo social tienen como tarea apoyar y acompañar a las familias, cubiertas por sus programas, en su empoderamiento como actores sociales[28]; no es fácil dicha labor por cuanto aun no han construido un lenguaje propio, una plataforma ideológica, una organización que las aglutine. La representación social de la familia como ámbito de la vida privada, de lo domestico, de refugio de las tensiones de lo laboral y de lo público pesan, y mucho, para la construcción de otra representación social acorde con la propuesta de actor social. Choca, además, con los intereses y la concepción tradicional de familia que aun mantienen las entidades oficiales, las iglesias, las cajas de compensación y las ONG asistenciales. Hablamos de familias y no de familia para resaltar la diversidad de su fenomenología, de sus potencialidades. A semejanza de las ONG pareciera ser que la pluralidad de sus manifestaciones fuera signo de debilidad. Las familias son transversales a las diferencias de clase, de ingreso, de nivel de vida, de ruralidad y urbanización.
El apoyo y acompañamiento que requieren las familias, bajo un enfoque de desarrollo social es el de posibilitar su visibilización en los escenarios públicos, con voz y poder propio, sin estar subrogadas a una caudal electoral, una doctrina religiosa o un campo de prácticas universitario o a proyectos de las ONG asistenciales o de prestación de servicios. ¿A cuanto poder pueden aspirar? ¿Cuánto reconocimiento obtendrían de los demás actores sociales? ¿Cuales y de que grado serian las relaciones que establecerían? ¿Qué tipo de movimiento u organización conformarían? ¿Cuáles serían sus estilos de liderazgo? Son , por el momento, interrogantes sin respuesta. Sabemos de sobra las limitaciones que tienen las familias como sujetos pasivos. Vislumbramos su potencial como sujetos activos, como actores sociales. He ahí un norte promisorio para las ONG de desarrollo social: trabajar con las familias, y no solo por y para las familias, en los escenarios del tercer sector , de la negociación y la cogestión con el Estado. Las familias de los secuestrados, de los desaparecidos, de los deudores del sistema UPAC, a modo de ejemplo, han iniciado el camino de ser actor social en una dimensión política. Han tomado su propia vocería y representación. Del éxito de sus objetivos dependerá la emulación para otros colectivos de familias en nuestro país.
Luis Julián Salas Rodas
Sociólogo. Especialista y Magíster en Ciencias Sociales
Maitrisse en Ciencias de la Educación. Opción Desarrollo Social
Director Ejecutivo Fundación Bienestar Humano [1] Juntas Directivas y Estilos de Liderazgo en las ONG: Una prioridad de la Gerencia Social. Luis Julián Salas Rodas. Tesis de grado para optar al título de Magíster en Ciencias Sociales, Medellín. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Universidad de Antioquia. 2001. [2] Acuerdo Programático para construir la Paz. Confederación Colombiana de ONG. Bogotá. 2001. Pág: 25[3] Mención importante es la Mesa de Niñez y Familia de la Federación Antioqueña de ONG, que agrupa 33 ONG, con 15 años de trabajo. Esta Mesa ha obtenido resultados destacados como garante de los derechos de los niños y las niñas, ha incidido en política pública y realizado pronunciamentos ante la opinión pública y concertado términos de contratación con el ICBF.[4] Tipología regional de la problemática familiar y factores socioculturales asociados. Análisis de las historias integrales sociofamiliares del ICBF. Informe Final. Ana Rico de Alonso y otras. ICBF. Bogotá. 1993. Pág:4 - 21[5] Estudio Nacional de Salud Mental y Consumo de Sustancias Psicoactivas. Ministerio de Salud. Bogotá. 1993. Pág: 69,70[6] Coyuntura Social Nº 30. Edición Especial 15 años. Fedesarrollo. Bogotá. 2004, Pág:26[7] Del Romanticismo al realismo social: lecciones de la década del 90. Alejandro Gaviria. CEDE. Universidad de los Andes. Bogotá. 2004. 1 Los beneficios a las mujeres cabeza de familia: algunas consecuencias inesperadas.[8] La Transformación de los hogares: una visión de largo plazo. Carmen Elisa Flórez N. Revista Coyuntura Social. Nº 30. Fedesarrollo. Bogotá. 2004. Pag: 45 y 46[9] Familias colombianas: estrategias frente al riesgo. Departamento Nacional de Planeación. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Misión Social. Bogotá. 2002. Páginas 88 y 89.[10] Feminización de la pobreza y retroceso de la paternidad en sectores populares de Medellín. Maria Dominique de Suremain. Enda - América Latina. Medellín. 1999[11] Del dolor al duelo: límite al anhelo frente a la desaparición forzada. Victoría Eugenia Díaz Faciolince. Medellín. Universidad de Antioquia. 2003[12] El secuestro: su repercusión en las creencias y en la estructura de relaciones en un grupo de familias antioqueñas. Beatriz María Molina y otros. Revista Colombiana de Siquiatria. Año 39, volumen XXXII. Número 1. 2005. [13] Familia y Prisionalización: Familia, interno e integración social para una nueva política penitenciaria dentro del sistema progresivo. Luis Julián Salas Rodas y otros. Fundación para el Bienestar Humano – Instituto de Estudios Regionales INER, U de A. Medellín. 1997[14] Estrategias de sobrevivencia de las familias de desplazamiento forzado en el oriente antioqueño. Olga Lucía Lopez Jaramillo y otros. Medellín. INER. UdeA. 2001
El conflicto armado y el desplazamiento forzado en Caldas: Crisis de la institucionalidad familiar.
María Cristina Palacio Valencia. Manizales. Universidad de Caldas. CEDAT. 2004.[15] *Se entiende por prisionalización el fenómeno y proceso que afecta la población penitenciaria, es decir, a cada uno de los actores que viven la prisión: intern@, su familia, la administración, los profesionales, el personal de custodia y vigilancia y la sociedad misma, en tanto reciben y generan efectos desde y para sí, a favor o en contra de sí mismos. La prisionalización, además de sus agentes, son todos aquellos momentos, conductas y actitudes que caracterizan la vida cotidiana de la prisión. EN: Familia y Prisionalización: Familia, interno e integración social para una nueva política penitenciaria dentro del sistema progresivo.
[16] La corresponsabilidad en la construcción de políticas públicas de familia desde el sector social en el municipio de Medellín. Luis Julián Salas Rodas. Congreso Internacional de Familia. Municipio de Medellín. 2003[17] Op.Cit. página 11[18] Familia y Política Social. Manuel Ribero Ferreira. Grupo Editorial Lumen. Buenos Aires. 2000[19] Tiempo de la madre y calidad de los hijos. Diana López , Rocío Ribero. Documento CEDE. Universidad de los Andes. Bogota. 2005.[20] El programa actual del gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez, Familias en Acción tiene como objetivo dar subsidios condicionados, en dinero, a familias pobres, de los niveles 1 y 2 del SISBEN, a cambio de que los padres aseguren la asistencia escolar y el esquema de vacunación infantil.
[21] Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo. Hegoa Facultad de Ciencias Económicas. Universidad del País Vasco. Editorial Icaria. 2000. Pág. 1[22] Una ampliación de los problemas que causa la injerencia e intervención de las ONG de atención humanitaria en los países receptores puede verse en: El papel de las ONG internacionales en los conflictos armados internos. Caso Colombia. Mary Luz Sandoval Robayo. Universidad Libre. Bogotá. 2003. Capítulo V[23] Red de organizaciones comunitarias de Medellín. Secretaría Técnica. Medellín. 2004[24] Formación personal y familiar para la participación comunitaria. Rubén Darío Cano, Rubiela Morato. Fundación para el Bienestar Humano - Fundación Codesarrollo. Medellín. 2003[25] Rovere. Módulo II Planificación Estratégica de Política y Programas Sociales. SIEMPRO. 1999[26] En la estructura organizacional del municipio de Medellín las mujeres y los jóvenes figuran Metromujer y Metrojuventud como dependencias con funcionarios, programas y presupuestos propios. No es gratuito que en las discusiones del Plan de Desarrollo de la ciudad, 2004 – 2007, las mujeres y los jóvenes hallan obtenido los más altos presupuestos en comparación con otros grupos poblacionales. Desde la Presidencia de la República, la Consejería Presidencial de Programas Especiales, de la Red de Solidaridad Social y de un amplio colectivo de organizaciones del Tercer Sector se formuló la Política Pública en Discapacidad para el período 2003 - 2006, la cual cuenta con reconocimiento, validación, formulación, ejecución, seguimiento, evaluación y control.[27] “Familia y violencia familiar: de la invisibilización al compromiso político. Un asunto de reflexión sociológica. María Cristina Palacio Valencia. Departamento de Estudios de Familia. Universidad de Caldas. 2004[28] Un ejemplo que ilustra la ausencia de las familias como actor social es la obligación que estableció la Corte Constitucional a las entidades gubernamentales de rendir cuentas en relación con la atención a las familias desplazadas. A falta de un poder organizado, visible y reconocido por parte de las familias desplazadas tuvo la Corte Constitucional, a buen momento tomarse su defensa y vocería.
