MANIFIESTO POR LA FAMILIA EN COLOMBIA (Resumen)

MANIFIESTO POR LA FAMILIA EN COLOMBIA 

(Resumen)

Soñamos una familia amorosa y cálida para vivir sus derechos y los derechos de sus integrantes, fuerte para desarrollar sus proyectos de vida, capacitada para promover los proyectos de vida de sus integrantes, veraz y justa para manejar sus conflictos internos, activa y ágil para ejercer la interlocución con el Estado y la Sociedad.

Ligia Galvis Ortiz

Presentación

El manifiesto por la familia en Colombia expresa el pensamiento de los y las profesionales, líderes sociales, académicas, académicos, ciudadanos y ciudadanas que trabajamos, orientamos, pensamos y conformamos las familias con los parámetros de la civilidad, los principios de la democracia y el paradigma de los derechos humanos.

La familia se ha transformado al ritmo de los cambios producidos en la sociedad especialmente en la segunda mitad del siglo XX y lo corrido del presente. Las modificaciones de la cultura enraizada en los órdenes económico y político, los avances de la ciencia que tienen que ver con la natalidad, la genética y la reproducción asistida, el desarrollo de la tecnología, el desarrollo de los medios de comunicación y el surgimiento de las redes sociales han permeado la organización y la dinámica de las relaciones familiares.

Concebimos la familia a partir de la dignidad de las personas que la integran, depurada de las metáforas derivadas de las nociones tradicionales que la ocultan; la pensamos como la estructura social originaria en la cual los seres humanos desarrollan los vínculos que se derivan del amor entre dos personas o los vínculos biológicos o legales con los cuales se consolidan relaciones complejas signadas por la sensibilidad y la razón; estos vínculos son tan  permanentes que superan la existencia fáctica de las personas, superan los espacios físicos y perduran para siempre en el corazón.

Pensamos la familia desde los principios establecidos en la Constitución y las leyes que a ella se refieren como colectivo, y a sus miembros individualmente considerados. Recordamos que la familia aparece en la Constitución Colombiana de 1991 como agente político interlocutor de la sociedad y el Estado porque es agente corresponsable en la garantía de los derechos de sus integrantes. En consecuencia, es un sujeto colectivo con derechos y obligaciones; su misión es garantizar los derechos de sus integrantes, formarlos como personas en su triple dimensión individual, social y política y cuidar a quienes deben ser cuidados. De estas consideraciones se desprenden elementos que ubican a la familia como una organización social con características y funciones que la convierten en agente activo en la democracia contemporánea.

Para comprender esta concepción de familia hay que distinguirla de la noción de hogar. El hogar es el espacio de la convivencia de las familias, no es la familia. El DANE ha construido el sistema de información estadística a partir de la categoría hogar censal definida así: “hogar censal es una persona o grupo de personas, parientes o no, que viven (duermen) en una misma vivienda y comparten generalmente sus comidas” La categoría hogar ha ocultado a las familias y sus realidades. En efecto, el hogar es un lugar y la familia es sujeto colectivo, los espacios no son sujetos pero éstos viven en los espacios, en los hogares. Una primera obligación del Estado es aportar información sobre las familias y sus realidades sociales, económicas y culturales a través de sus centros de información.

Este colectivo social recibe a los seres humanos los cuida y los orienta en su proceso de desarrollo personal y colectivo; como sujeto colectivo es titular de derechos y obligaciones y al mismo tiempo, es agente garante de los derechos de sus integrantes; ese colectivo social es agente interlocutor del Estado y de la sociedad, es agente gestor autónomo de sus propios recursos para atender al desarrollo de su proyecto de vida como grupo y para promover el cuidado y desarrollo de sus integrantes individualmente considerados. Reconocemos que no existe un modelo único de familia, existen diversas formas de organización y todas ellas deben ser reconocidas por el Estado y deben gozar de iguales posibilidades para desarrollar sus destrezas y potencialidades con libertad y autonomía. Por todo esto manifestamos:

1.      Que la Constitución Política presenta la familia como sujeto colectivo titular de derechos y obligaciones, garante de los derechos de sus integrantes y con capacidad de agencia, por consiguiente, ésta es la base para pensar la familia en la política, en la academia, en las organizaciones sociales y en todas las instancias del Estado. Es obligación del Estado hacer visible a la familia en todos los sistemas de información y en la gestión pública en general.

2.      Que es obligación del Estado con todas sus instituciones y de la sociedad promover el desarrollo de las fortalezas necesarias para que las familias en Colombia se conformen bajo el reconocimiento y respeto a la dignidad, al pluralismo, la participación ciudadana, la solidaridad y la autonomía en las relaciones intrafamiliares en sus contextos sociales locales, nacionales e internacionales.

3.      Que la familia es una unidad social y cultural originaria en la cual los seres humanos experimentan las vivencias de la sociabilidad, se forman como ciudadanas y ciudadanos y agentes de la cultura del respeto a los atributos esencialmente humanos y los derechos que de ellos emergen como el patrimonio inalienable de todas las personas.

4.      Que reconocemos la familia como sujeto colectivo titular de derechos y garante de los derechos de sus integrantes y que es necesario propiciar estudios y debates para consolidar la categoría y promoverla en los ambientes de las ciencias sociales y en las prácticas de vida de las familias en Colombia.

5.      Que la familia nuclear ya no es referente hegemónico en la visión de familia en Colombia, porque existen modelos, estructuras y formas de vida diversas y todos ellos son sujetos colectivos, agentes políticos activos en la vida del país. Solicitamos de manera urgente, que el Gobierno y las entidades académicas lleven a cabo los estudios para la caracterización de las familias en todo el país.

6.      Que la familia es sujeto colectivo activo pero no hegemónico, porque sus integrantes también son presencia activa en el grupo y ante el mundo que la rodea; estas dos presencias conforman el yo y el nosotros en una unidad que vive en medio de tensiones y equilibrios, entre conflictos y acuerdos que deben resolverse con la concertación pacífica, democrática y con la participación de todos sus integrantes.

7.      Que en el colectivo familia coexisten dos sujetos titulares de derechos que son las personas que la integran en su calidad de sujetos a título individual, y el sujeto colectivo familia titular de los derechos que le reconoce la Constitución Política, la ley 1361 de 2009 reformada por la ley 1857 de 2017 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Manifestamos que esta titularidad es exclusiva de la especie humana. Ningún otro ser presente en la naturaleza es sujeto de derechos humanos.

8.      Que los derechos humanos es el paradigma que orienta todas las miradas y todas las acciones dirigidas a las familias; así mismo, esas miradas y acciones deben tener en cuenta los enfoques de género, intergeneracional, territorial y de las personas con habilidades especiales. Que no hay democracia mientras la igualdad entre hombres y mujeres y entre todas las opciones sexuales no se haga realidad.

9.      Que la familia es un agente político activo en la democracia contemporánea pero permanece oculta por causa de la persistencia en concebirla con metáforas prestadas de la biología o por la utilización de categorías jurídicas que no le corresponden. Es necesario garantizar su presencia como interlocutora del Estado y la sociedad porque tiene derechos que ejercer y obligaciones que cumplir para garantizar el ejercicio de los derechos de sus integrantes.

10.  Que, como actor político, la familia tiene la obligación de formar a las niñas, niños, adolescentes y demás integrantes humanos, en las vivencias de la democracia a través de la organización de su propia vida según los principios democráticos de igualdad, libertad, autonomía y solidaridad en todos sus espacios vitales: Participación de todos y todas en la gestión de la casa, en el cuidado de quienes lo necesitan y en la expresión de sus propios sentimientos. La democracia en la familia es pilar para la democracia política.

11.  Que la obligación primordial del Estado y la sociedad, especialmente las empresa privadas, es reconocer la presencia de las familias como actoras responsables de su propio desarrollo y asegurarles las condiciones adecuadas para que adquieran y ejerzan la capacidad de agencia en la gestión de su propio desarrollo, el de sus integrantes, y contribuyan al desarrollo del país.

12.  Que los conflictos enriquecen a sus actores, enriquecen la vida familiar y son pedagógicos si se resuelven mediante la concertación y se cumplen los acuerdos en debida forma. Estas prácticas fortalecen la responsabilidad de quienes intervienen en ellos. La justicia en la familia conjuga sentimientos, emociones y razones, se maneja con normas mínimas, oportunas y efectivas y reglas flexibles que organizan la convivencia y la búsqueda de la armonía y la felicidad. 

13.  Que las familias en Colombia necesitan una justicia administrativa y judicial pronta y efectiva, que tome las decisiones adecuadas y oportunas, que se conecte con la justicia social debida a las familias para que contribuyan a la solución real de los problemas que las afectan, a la descongestión, a la mejora de la calidad de vida del grupo y de sus integrantes y al desarrollo humano del país.    

14.  Que las políticas públicas para las familias en Colombia, en sus diferentes niveles territoriales, no pueden expresar la continuidad de la tradición del modelo patriarcal de familia porque el paradigma de los derechos, la Constitución, las leyes, la jurisprudencia y las ciencias sociales han fijado los nuevos derroteros para entender la familia como la organización social originaria definida como el sujeto colectivo titular de derechos, cuya función es asegurar su propio desarrollo y el de sus integrantes mediante el ejercicio pleno de los derechos humanos. Los municipios, distritos, departamentos y la nación tienen la obligación de poner en marcha las políticas para las familias en forma inmediata.

15.  Que, en esta fase denominada de postconflicto es obligación del Estado, en todos sus niveles territoriales, elaborar y poner en marcha las políticas públicas para el desarrollo de las familias en Colombia. Esta obligación exige: a) que se introduzca el tema en los planes de desarrollo municipales, departamentales y en el plan nacional de desarrollo; b) que el Estado incorpore a las familias como actoras efectivas en las acciones derivadas del acuerdo firmado con las antiguas FARC y en los acuerdos que se firmen con los demás grupos armados que actúan fuera de la ley; c) exigimos plazos inmediatos y perentorios para que el tema familia se incorpore al proceso del postconflicto y que el Estado, en todos los territorios, ponga en marcha las políticas públicas para las familias. Habrá paz en la nación, habrá paz en el mundo, si las personas se forman y adquieren conciencia de que somos los únicos actores de nuestro desarrollo integral y el cumplimiento de estas tareas se inicia en las familias.

Llamamos a las personas, las organizaciones sociales, los grupos etarios a adherir y firmar este manifiesto que respalda una concepción civil y democrática de la familia en Colombia e invita a las familias a que se miren como actoras de su propio desarrollo y como agentes corresponsables del desarrollo armónico e integral de de sus integrantes individualmente considerados; a que asuman  sus obligaciones y ejerzan sus derechos con autonomía y en libertad; y demanda al Estado y a la sociedad que garanticen las condiciones necesarias para que la democracia se haga realidad desde la familia.

Este documento fue elaborado por Ligia Galvis Ortiz, docente, autora de dos libros sobre la familia, quien asume la responsabilidad de su contenido, pero se convertirá en propiedad del colectivo que lo respalde, lo adhiera, lo difunda y lo discuta. Está respaldado por un documento más amplio. Agradezco la revisión crítica realizada por el profesor Luis Julián Salas Rodas, sociólogo, ex-director de la Fundación Bien Humano.

Bogotá diciembre de 2017