LA POLÍTICA PÚBLICA Y LOS PROGRAMAS DE FAMILIA DE LA
SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN: 1992 – 2014
BALANCE, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO DESDE LAS
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
Luis Julián Salas Rodas
Sociólogo
Especialista y Magíster en Ciencias Sociales
Magíster en Ciencias de la Educación
Director Ejecutivo de la Fundación Bien Humano
Miembro fundador del Comité interinstitucional
de Familia CIF
Ponencia presentada en el Sexto Congreso Internacional de
Familia de Medellín
Noviembre 26, 27 y 28 de 2014
CIF
Comité Interinstitucional de Familia
PRESENTACIÓN
El municipio de Medellín ha sido observatorio,
laboratorio y líder en el tema y el trabajo con las familias en el país.
El
objetivo principal de esta ponencia es dar cuenta de los antecedentes, avances,
logros y retrocesos de la política y los programas de familia de la
administración y el Concejo de la ciudad de Medellín durante 22 años, entre
1992 y 2014, desde la alcaldía de Luis Alfredo Ramos Botero hasta la alcaldía
de Aníbal Gaviria Correa, en total 7 alcaldías.
La
mirada de los hechos y situaciones es narrada desde uno de los actores sociales
participantes: el Comité Interinstitucional de Familia CIF, colectivo
conformado, inicialmente, por seis organizaciones no gubernamentales
especializadas en el tema de familia.
Bajo el principio de la corresponsabilidad el CIF ha hecho parte activa
tanto del Comité Municipal de Familia como del Comité Técnico de Familia en representación de la sociedad civil. La participación del CIF ha incluido, también el de documentar y guardar de la memoria de lo
acontecido durante los 22 años de vinculación continua a este proceso de alianza y concertación público-privada..
Los
lectores de la ponencia hallarán en ella las dificultades presentadas y las soluciones dadas a los problemas y coyunturas
políticas tanto internas como las derivadas de los cambios de las sucesivas
administraciones. Al final de la ponencia se sintetizan las principales
lecciones aprendidas que han posibilitado mantener y desarrollar el tema de
familia con la concurrencia y la articulación permanente, no exenta de
altibajos, entre las organizaciones del Estado y las de la sociedad civil.
ANTECEDENTES
Debemos
a la Constitución Política de 1991 la oportunidad de diseñar, concertar,
participar y evaluar políticas sociales entre los actores y organizaciones de
los sectores público, privado y social. Antes de esa fecha la competencia
constitucional y legal en estos asuntos era exclusiva del Estado; el cual era
concebido como el espacio, por excelencia, de lo público. El paso de la matriz
estadocéntrica en la concepción del desarrollo a la matriz sociocéntrica ha
tenido como efecto positivo el reconocimiento y legitimidad de la participación
ciudadana en los asuntos de interés público en todas las instancias del
ejercicio del poder gubernamental. Es así como, hoy en día, se acepta la
existencia de lo público no estatal como el ámbito de actuación del principio
de la responsabilidad social empresarial en el sector privado; mientras que en
el sector social lo público no estatal es todo aquello que propicie el
desarrollo social como un proceso de mejoramiento de la calidad de vida de la
población.
En Colombia, a diferencia
de otros países con regímenes democráticos más consolidados y legítimos, la
noción de lo público, en sus dos acepciones, no ha sido internalizada y puesta
en práctica como se debe. El clientelismo, la corrupción, la politiquería y las
microempresas electorales son prácticas que buscan apropiarse de los bienes
públicos para beneficios particulares. La obtención de prebendas, privilegios y
regímenes tributarios para determinado sector económico atenta, también, contra
la defensa de lo público así como considerar al Estado sólo como fuente de
financiación de los presupuestos de las ONG. La construcción y el mantenimiento
de los bienes públicos es una tarea que compete tanto a los ciudadanos y
ciudadanas como a las organizaciones de los tres sectores. Lo público es lo que
pertenece a todos y es el espacio donde se garantiza el libre acceso y la
igualdad de participación.
La finalidad de una
política pública es dar lineamientos y aportar mediante recursos económicos,
programas y proyectos a la solución de asuntos de la sociedad civil que se
consideran complejos y problemáticos.
En un Estado Social de
Derecho las políticas públicas deben ser definidas y respaldadas por una
autoridad legítima; deben privilegiar el interés colectivo sobre el interés
particular y deben, además, consultar la voluntad de las personas, grupos y
organizaciones de la sociedad civil.
Debemos a la constitución política de 1991 la apertura de espacios, los
mecanismos y las instituciones que han hecho posible la ´formulación de
políticas públicas sociales, entre ellas, la de familia.
INICIO DEL EJERCICIO DE CORRESPONSABILIDAD ENTRE LA
ADMINISTRACIÓN LOCAL EL CONCEJO MUNICIPAL Y LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
CIVIL
Atendiendo
los nuevos lineamientos constitucionales en 1992 la administración del Doctor
Luis Alfredo Ramos convocó, por primera vez, a todas las ONG de la ciudad a un
seminario taller “Hacia una política de bienestar social”, en su presentación
se decía:
“El
diseño de esta política no puede ser una acción unilateral del Gobierno
Municipal, debe hacerse de manera concertada. En aplicación de este criterio,
la Secretaría de Bienestar Social del Municipio convoca a las Organizaciones no
gubernamentales sin ánimo de lucro a un Seminario – Taller para lograr
compartir un espacio de reflexión sobre los principales problemas, las causas
que los generan y las factibles líneas de intervención en los sectores: niñez,
juventud, familia y tercera edad”[1]
Más
de 100 ONG participaron del evento. En la comisión de familia se identificó la
problemática y su magnitud, entre sus propuestas estaba la de:
“Conformar una
comisión que asesore y acompañe a la secretaría de Bienestar en la formulación
de la política de bienestar social en cuanto a la familia y grupos etarios a
corto plazo y que ésta tenga permanencia y no solo respuesta a un programa de
gobierno”[2]
La comisión se conformó entre funcionarios de la
Secretaría de Bienestar Social, el Concejo Municipal y el Comité
Interinstitucional de Familia CIF. La invitación del municipio a concertar
la política social dio resultados positivos en el trabajo con las familias,
entre ellos se destacan:
§ La
expedición del acuerdo 47 de 1993 por medio del cual se creo la Oficina de
Coordinación para el Bienestar de la Familia en al Secretaría de Bienestar
Social del Municipio con el objetivo de planear, organizar ejecutar, dirigir y
controlar los programas del Municipio orientados a la protección integral de la
familia como núcleo fundamental de la sociedad en concordancia con el Plan de
Desarrollo Municipal[3].
El acuerdo creó, además, un equipo permanente de trabajo interinstitucional e
interdisciplinario con representación de organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales de la ciudad.
§ La
expedición del acuerdo 59 de 1993 por medio del cual se estableció el Plan
Integral de atención a la Familia –PIAF- como el conjunto de políticas,
estrategias, programas, proyectos y acciones encaminados al mejoramiento de la
calidad de vida familiar, tendientes a estimular espacios de participación
familiar que movilicen voluntades en bien de un adecuado clima de cotidianidad
en el vecindario y en la comunidad, con énfasis en los conceptos de seguridad
integral, solidaridad y participación en armonía con los enunciados del Plan de
Desarrollo de Medellín. El PIAF contempló 5 áreas programáticas:
1. Área
de educación para la prevención
2. Área
de orientación a la familia
3. Área
de lúdica familiar
4. Área
de la supervivencia familiar
5. Área
de integración
El
acuerdo 59 asignó una partida de $150.000.000 con incrementos anuales en
proporción igual al aumento de precios al consumidor; también facultó al
municipio para celebrar contratos con entidades privadas y/o sin ánimo de
lucro. Gracias al acuerdo se pudieron
adelantar las siguientes iniciativas a cargo de la Secretaría de Bienestar
Social:
§ La
realización en 1994 y en 1998 de dos congresos latinoamericanos de familia en
Medellín y la publicación de sus respectivas memorias.
§ La
ejecución en 1994, 1995, 1996, 1997 y 1998 del proyecto Familia Siglo XXI:
hacia la construcción de una vida cotidiana diferente, el cual beneficio a 25.000 personas de 195 barrios de la ciudad.
§ La
creación y puesta en funcionamiento del Centro de Atención a las Víctimas de la
Violencia Intrafamiliar con programas de educación, prevención, investigación y
asesoría sicológica.
§ La
creación, en 1992, del Comité Interinstitucional de Familia CIF por parte de 6
ONG[4]
de la ciudad con el objetivo de incidir en la formulación, ejecución y
evaluación de las políticas de familia en la ciudad de Medellín. Si bien el CIF está conformado por ONG, no es una
ONG, no tiene personería jurídica, es un espacio de diálogo, convergencia y
concertación entre las ONG para hacer la interlocución y la incidencia política
con la administración municipal de Medellín en el tema y la política pública de
familia.
El acuerdo 34 de 1994 institucionalizo los Foros
Anuales de la Familia y la realización de los Congresos Internacionales de
familia cada cuatro años.
(El año 1994 fue el declarado por la Asamblea General
de las Naciones Unidas como el Año Internacional de la Familia, siendo el
Congreso Latinoamericano de Familia, realizado ese mismo año en Medellín, el
evento académico más importante del país.
En el 2014 se cumple el vigésimo aniversario del Año Internacional de la
Familia para: “… dar a conocer la
importancia de las familias, promover el conocimiento de las tendencias
socioeconómicas y demográficas que las afectan y alentar los esfuerzos
encaminados a hacer frente a los problemas que repercuten en la situación de la familia. Wikipedia. Y a semejanza de hace 20 años el Sexto
Congreso Internacional de Familia de Medellín fue el evento académico más
importante del país).
1992 – 2014: 22 años de avances, retrocesos y reorientación
del rumbo en el trabajo con las familias entre el municipio de Medellín y la
sociedad civil
AVANCES:
§ Haber
demostrado que cuando confluye la voluntad política de la administración
municipal y el compromiso de las organizaciones del sector social es posible
realizar con éxito programas y acciones de trascendencia e impacto en la vida
de las familias.
§ Haber
dado cumplimiento al mandato constitucional de garantizar la protección
integral de la familia entre el Estado y la sociedad.
§ Haber
creado espacios de reflexión y debate entre las organizaciones gubernamentales
y no gubernamentales con la comunidad y las familias
§ Haber
incorporado en los planes de desarrollo de la ciudad el tema de familia al
igual que presupuesto en los planes de inversión trienales.
§ Haber
creado y mantenido espacios institucionales de participación y representación
de las organizaciones de la sociedad civil como las cajas de compensación, las
universidades, las iglesias y las ONG en proyectos de gran importancia para la
ciudad como los congresos internacionales de familia y la atención de la problemática de la
violencia intrafamiliar.
§ Haber
fomentado la publicación de material educativo, académico e investigativo
acerca de la realidad de las familias de la ciudad.
§ Haber
liderado en el país un modelo de abordaje e intervención interinstitucional
público-privado en el trabajo con las familias.
§ Haber
podido demostrar que bajo el principio del interés general sobre el particular
es posible concertar y sacar adelante propuestas entre la administración
municipal, el Concejo Municipal y la sociedad civil.
§ Haber
persistido y realizado 18 foros anuales de familia y 6 congresos
internacionales de familia.
§ Elevar
el tema de familia al rango de una Secretaría en la administración municipal.
RETROCESOS
El
empuje y la iniciativa de desarrollar una política pública de familia en el
municipio de Medellín han tenido altibajos. Como se anotó anteriormente
correspondió a la administración del alcalde Luis Alfredo Ramos abrir los
espacios, convocar a las organizaciones sociales, hacer lobby ante el Concejo
para la promulgación de los acuerdos, poner en funcionamiento la Oficina de la
Familia y el Centro AVISE, financiar el primer congreso latinoamericano de
familia y cogestionar con el Comité Interinstitucional de Familia CIF la
primera ejecución del proyecto Familia Siglo XXI.
La
administración del Alcalde Sergio Naranjo continuó con
los programas establecidos y trató de mantener la dinámica establecida. La
Secretaría de Bienestar Social contrata con el Instituto de Estudios Regionales
INER de la Universidad de Antioquia y la Corporación Región la realización de
un Diagnóstico Social de Medellín donde se afirmó que: “La familia debe
constituirse en el eje central o articulador de todas las propuestas, por ser
la unidad que conforman los grupos poblacionales, además porque
constitucionalmente está contemplado”[5];
sin embargo, no se acogió esta propuesta ni se aumentó el presupuesto para los
programas y no convocó al equipo asesor de la Oficina de la Familia, tal como
lo ordenaba el acuerdo 59.
La
administración del alcalde Juan Gómez Martínez desmontó la
Oficina de la Familia y el Centro Avise; realizó el segundo congreso
latinoamericano de familia, por ser
ordenada por acuerdo municipal, y solo ejecutó una versión del proyecto
Familia Siglo XXI que dejó financiada la
anterior administración; al finalizar su mandato no quedó nada que
mostrar del trabajo con las familias. Si bien ninguna de las administraciones señaladas
ejecutó a cabalidad los lineamientos contemplados en el Plan Integral de
Atención a la Familia, sólo fueron desarrolladas las áreas de la prevención y
orientación, la administración Gómez Martínez
dio la espalda y freno la dinámica en el trabajo con las familias. Faltó compromiso, voluntad y responsabilidad política.
Las
organizaciones del sector social no actuaron, tampoco, en la defensa y mantenimiento de los espacios creados con
la fuerza y el interés requerido.
REORIENTACIÓN DEL RUMBO
En
el borrador del Plan de Desarrollo 2001
– 2003 “Medellín Competitiva” del alcalde Luis Pérez Gutiérrez no se hacía
ninguna mención a la realización de programas con la familia. En vista de esta
situación el Comité Interinstitucional de Familia y la Federación Antioqueña de
Organizaciones no Gubernamentales hicieron una acción pública de llamar la
atención a la nueva administración acerca de esta falencia del plan. Después de
varias reuniones y comunicados la administración incluyó en su plan de
desarrollo bajo el programa de Ciudad Saludable, el subprograma: Atención
integral a la familia, con el siguiente texto:
“La familia
será reconocida como centro de la sociedad, en la actualidad se encuentra en un
proceso de recomposición y transformación, producto de los cambios sociales y
culturales, enmarcados en fenómenos como la globalización económica, el auge de
los medios de comunicación, urbanización, el desarrollo de la informática y el
creciente ingreso de la mujer al mundo laboral. Estos fenómenos impactan
profundamente la unidad familiar generando alteraciones en su tipología y
conformación.
§ Convivencia familiar en la ciudad
§ Se brindará atención a nivel psicosocial
§ Generación de dinámicas con y sobre la
familia para que se convierta en eje de acciones de la Secretaría de Bienestar
Social, por efecto multiplicador sobre los demás grupos poblacionales.
§ Protección y apoyo a las familias que
viven en condiciones de alto riesgo.
§ Promover la integración familiar por
medio de la atención integral a todas y cada uno de los miembros de la familia”[6]
La
inclusión de este artículo en el plan de desarrollo permitió la asignación de
una partida de $2.000.000.000 en el plan trienal de inversiones para el
subprograma de Atención Integral a la Familia. A mitad de su período ésta
administración vuelve a dar un impulso al tema de familia. La reapertura de la
Oficina de la Familia, la creación del Comité Municipal de Familia, la
conformación de la red de redes por y para la familia, la Red de Redes por y para la familia, el programa de
atención domiciliaria a la familia y la
realización del Tercer Congreso Internacional de Familia fueron muestras positivas de reorientar el
rumbo y el liderazgo en el trabajo municipal sobre familia.
PLAN DE DESARROLLO 2004 – 2007 MEDELLÍN, COMPROMISO DE TODA
LA CIUDADANÍA.
La
administración del alcalde Sergio Fajardo formuló su plan de desarrollo bajo 5
líneas estratégicas:
1. Medellín,
gobernable y participativa
2. Medellín
social e incluyente
3. Medellín,
un espacio para el encuentro ciudadano
4. Medellín
productiva, competitiva y solidaria
5. Medellín
integrada con la región y el mundo
Los
programas y proyectos dirigidos a las familias se ubican en las dos primeras
líneas y se ejecutan bajo la coordinación de las secretarías de Bienestar
Social y la de Gobierno. Es de anotar que la administración municipal acogió
las críticas realizadas por el Consejo Municipal de Planeación, en la fase de
divulgación del plan y en representación de las ONG de familia de la ciudad,
con respecto a la no consideración de las familias como eje estructurante de la
atención a los grupos poblacionales y la población vulnerable. Se destacan los
proyectos de Desactivación de la Agresión Intrafamiliar, Medellín Convive en
Familia, Buen Vivir y Buen Comienzo. Ni
la comunidad, ni las organizaciones del Tercer Sector fueron llamadas a
participar en los procesos de alistamiento, preparación, reconocimiento,
validación y formulación de la política municipal de familia. Dicho proceso fue
llevado a cabo por expertos y por los funcionarios entrantes de la
administración. Se realizó el Cuarto
Congreso Internacional de Familia.
PLAN DE
DESARROLLO 2008 – 2011 MEDELLÍN ES
SOLIDARIA Y COMPETITIVA
La
administración del alcalde Alonso Salazar formuló su plan de desarrollo en 6
líneas estratégicas:
1. Medellín, ciudad solidaria y equitativa
2. Desarrollo y bienestar para toda la población
3. Desarrollo económico e innovación
4. Urbanismo y medio ambiente para la gente
5. Ciudad con proyección regional y global
6. Institucionalidad democrática y participación
democrática
Esta
administración impulsó programas con
enfoque de familia como: atención a víctimas del conflicto armado, formación en
derechos humanos y resiliencia, a, construcción de 12.000 viviendas. Se continuaron los programas de la
administración anterior como Medellín Convive en Familia, y Buen Vivir. Se dio inicio al programa de Medellín
Solidaria con el propósito de sacar a las familias en pobreza extrema. Se llevó a cabo el quinto Congreso Internacional de
Familia.
Un
hecho de gran importancia fue la expedición del acuerdo 054 del Concejo
Municipial acerca de la política pública para la promoción, prevención,
atención, protección, garantía y restablecimiento de los derechos para la
familia en el municipio de Medellín. En
esta política se trazó el objetivo de garantizar y promover los Derechos
Humano, el Desarrollo Humano y la Seguridad Humana de la Familia. La familia como agencia de formación del ser
humano.
PLAN DE DESARROLLO 2011 – 2015 MEDELLIN CONSTRUYAMOS UN HOGAR PARA LA VIDA
La administración del alcalde Aníbal Gaviria formuló
su plan de desarrollo en 5 líneas estratégicas:
1. Ciudad que respeta, valora y protege la vida
2. Equidad, prioridad de la sociedad y el gobierno
3. Competitividad para el desarrollo económico con
equidad
4. Territorio sostenible: ordenado, equilibrado e
incluyente
5. Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la
vida y la equidad
El primero de los énfasis del plan es el de generar
las condiciones básicas para que se respete la vida como valor absoluto y
principio de igualdad entre los seres humanos. En la línea 1 están los
proyectos de salud en la familia y el hogar y la familia como vínculo de vida.
En la línea 2 el programa de Medellín Solidaria, Buen Vivir y Buen
Comienzo.
Bajo esta administración se emprenden las siguientes
acciones sobre el tema de familia:
·
La expedición
del decreto reglamentario 835 de 2013 del acuerdo 054 de 2013
·
La creación de
la Secretaría de Inclusión Social y Familia en remplazo de la Secretaría de Bienestar
Social-
·
La creación de
la Unidad Técnica de Familia al interior de la Secretaría de Inclusión Social y
Familia.
·
La creación,
por acuerdo municipal, del Observatorio de Familia.
·
La
incorporación del tema de familia en el Consejo Municipal de Política Social y de Equidad COMPSE.
·
La realización del Sexto Congreso Internacional de Familia
·
La
reactivación del Comité Municipal de Familia y su decreto reglamentario.
·
La formulación
y aprobación del Plan Estratégico de la Política Pública para la Familia de
Medellín 2014 – 2022.
Este Plan tiene como objetivo
general: “promover en las familia de Medellín el desarrollo de sus capacidades de
agencia auto sostenible, de agencia formadora de ser y de vínculos y de
condiciones para actuar como actor político, garantizando oportunidades con
enfoque diferencial y potenciando su auto-reconocimiento, su autogestión y su
proactividad en entornos democráticos, sociales, culturales, económicos y
jurídicos, con capitales adquiridos y reconocidos de una ciudad innovadora,
progresista y de cultura global”.
El Plan tiene 5 ejes:
comunicación, asistencia y protección, promoción y prevención, trabajo en red e
investigación.
Para garantizar su correcta aplicación es menester
convertir el Plan en acuerdo municipal así como los recursos financieros. Será objetivo del Comité Municipal de Familia
y del Comité Técnico Asesor hacer el correspondiente acompañamiento y
seguimiento.
LA LEY 1361 DE 2009, DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LA FAMILIA
La expedición de esta ley creó un hito en el
desarrollo y concepción de la familia en el país al considerar a esta como un
sujeto colectivo de derechos y al reafirmar el compromiso y corresponsabilidad
del estado y la sociedad con la familia.
La ley ordenó a los entes territoriales a formular y poner en práctica
política y programas de familia en los niveles nacional, departamental y
municipal; también los conminó a crear observatorios de de familia y estableció
el 15 de mayo como el día nacional de la familia.
Pasados 5 años de la expedición de la ley, aún no
hay cumplimiento de todos los entes territoriales y se evidencian falencias en
los aspectos de la coordinación y articulación.
Es de destacar el cumplimiento del municipio de Medellín en lo ordenado
por dicha ley frente a las familias.
LECCIONES APRENDIDAS
Dos
son las lecciones aprendidas en el balance de 22 años de trabajo conjunto entre
el municipio de Medellín y las organizaciones del sector social con relación a
las familias, ellas son:
Las políticas sociales deben trascender los programas de
gobierno y los planes de desarrollo de las administraciones municipales
Lo
sucedido con la discontinuidad y el cambio de prioridades en la política de
familia en Medellín da cuenta de las dificultades legales y operativas para
garantizar la vigencia de una política social en el tiempo. Cada administración
se preocupa más por la ejecución de las promesas de gobierno y la forma en que
éstas tendrán cabida en el plan de desarrollo y en el plan de inversiones que
en mantener una política y una serie de programas y acciones en las cuales no
han participado ni se sienten responsables. Sin embargo, es de verdad y
justicia reconocer la continuidad de las tres últimas administraciones, del
2004 al 2015, de programas como Medellín Solidaria, Buen Vivir y Buen Comienzo.
Consolidar la institucionalidad, la participación ciudadana y la incidencia política en
todos los espacios públicos donde se
trate el tema de familia
Las organizaciones de la sociedad civil no deben verse
y considerarse solo como operadoras y contratistas del Estado, ni que este rol
las inhiba e invalide para participar, con voz y voto, en los espacios
públicos. Las organizaciones de la
sociedad civil tienen una dimensión política no partidista y deben ser
conscientes del poder y la credibilidad que tienen ante sí mismas, el Estado y
las comunidades.
Las
organizaciones de la sociedad civill
deben mantener su vinculación activa y constituirse en veedores de la
continuidad de las políticas sociales independiente de los cambios de las
administraciones municipales. Las nuevas autoridades desconocen, la mayoría de
las veces, el contexto y las dinámicas establecidas en el diseño y en la
ejecución de políticas sociales; tampoco es muy fuerte su defensa por parte de
los funcionarios de carrera administrativa, de ahí que se haga imprescindible
la incidencia política, la acción pública
y decidida de los representantes de las organizaciones del sector social en las
instancias mencionadas.
No
basta, no es suficiente convocar,
formular, escribir un documento y
participar en la elaboración y puesta en práctica de una política pública, en
este caso de familia, sino se construye y mantiene en el tiempo una institucionalidad
legítima que asegure la permanencia y el interés de los actores sociales y
organizaciones de la sociedad civil por acompañar, monitorear y hacer veeduría
de las actuaciones del Estado y sus representantes.
Los
cambios democráticos, legales y políticos de las administraciones locales que
ordena la Constitución implican no solo nuevos planes de desarrollo sino
ajustes en la nómina municipal. La nueva administración y los funcionarios, de
libre nombramiento y remoción, que
llegan desconocen la dinámica de los
procesos y los acuerdos alcanzados en los espacios de participación y
representación con los actores de las organizaciones de la sociedad civil. Lo anterior crea crisis, malentendidos,
pausas y reprocesos que si no se manejan con tacto y prudencia afectan la
articulación y la participación.
La
permanencia de las organizaciones y los representantes del Comité
Interinstitucional de Familia y de las
universidades ha sido fundamental para encuadrar y orientar a los funcionarios
de la administración en los aspectos centrales tanto de la política como en la
ejecución de los programas de familia.
Es de resaltar el trabajo y la inclusión de los concejales, tanto en
comisiones como en plenaria, en la redacción y aprobación de acuerdos que han
dado piso legal y continuidad a los programas por parte de la administración. Los acuerdos del Concejo municipal junto a los planes
de desarrollo de las administraciones son las más importantes herramientas y
normas para garantizar el cumplimiento en el tiempo de las políticas, programas
y proyectos. Los períodos fijos de cuatro años de los alcaldes han sido,
también, un factor de estabilidad para la continuidad de las acciones y las
políticas gubernamentales locales.
Es el Estado quien debe liderar y promulgar las
políticas públicas no las organizaciones de la sociedad civil, a ellas les
corresponde deliberar, participar, hacer veeduría y control social para asegurar
su correcto cumplimiento. Su ausencia, desinterés
y apatía inciden en la discontinuidad, incoherencia o inoperancia de las
políticas y los programas sociales.
Los actores sociales y las organizaciones de la sociedad civil deben ser la
memoria y fungir como custodios de las políticas públicas y de la ejecución de
programas y proyectos, no solo ser invitados, por parte del Estado, a validar y legitimar las propuestas políticas
oficiales.
Premisas para la corresponsabilidad en la construcción de
políticas públicas para las familias
Se entiende la corresponsabilidad como la concurrencia
de actores y acciones para el logro de un objetivo superior, en este caso la
construcción de políticas públicas para las familias. Todos aportan, todos ponen, todos hacen la
tarea, nadie sustituye a nadie.
Es
ya un concepto ampliamente aceptado en las sociedades occidentales que la
familia es el grupo primario que cumple con las funciones de reproducción de la
especie, socialización primaria de los niños y niñas, de la conformación básica
de la estructura de la personalidad, de las necesidades de protección y afecto
así como de asegurar los ingresos económicos y la transmisión de la cultura.
Los
acelerados cambios de las últimas décadas han transformado, positiva y
negativamente, la estructura, composición y funciones de las familias, cambios
que, a su vez, han implicado una reconfiguración de las relaciones entre las
familias, la sociedad y el Estado. En las denominadas patologías sociales como
el gaminísmo, la desnutrición, la prostitución infantil, el menor trabajador,
el abandono parental, el maltrato, el abuso sexual, la delincuencia juvenil, el
alcoholismo, la drogadicción, la delincuencia juvenil, la deserción escolar, la
mendicidad y la indigencia siempre están asociados factores familiares en su génesis
y manifestación. Todo aquello que las familias dejen de hacer en el
cumplimiento de sus funciones le toca asumirlo a la sociedad y al Estado vía
creación de instituciones de protección, confinamiento o resocialización, vía
aplicación de medidas judiciales o represivas, vía formulación de políticas,
programas e inversión social.
La vigencia y cumplimiento de los Derechos Humanos y del
Estado Social de Derecho
Compete
al Estado, a todas las ramas del poder público y a los entes territoriales que
los Derechos Humanos y los mandatos del Estado Social de Derecho de la
Constitución Política de 1991 se respeten y se cumplan. Es una responsabilidad
indelegable e intransferible. La sociedad civil no es ajena a ellos; sin
embargo, no es la responsable directa de su aplicación, tampoco le compete
asumir las fallas o los vacíos del Estado en dicha materia. La
corresponsabilidad no puede asumirse, ni entenderse como endoso o transferencia
de obligaciones constitucionales del Estado a la sociedad civil; hacerlo implica
no sólo usurpar funciones sino algo más grave, deslegitimar al Estado frente a
la ciudadanía. La participación de las
organizaciones de la sociedad civil y de las universidades, con programas de
familia, es muestra de la aplicación del principio de corresponsabilidad fijado
por la Constitución de 1991; debemos a esta Constitución la creación de
espacios de encuentro y articulación con el Estado.
Establecer reglas claras y mecanismos democráticos de
participación
El
liderazgo en la convocatoria, diseño y ejecución de las políticas públicas de
familia debe ser del Estado, en este caso de la administración municipal. El
llamado a participar a las organizaciones del sector social no debe darse,
únicamente, para la obtención de un consenso que legitime sus acciones ante la
opinión pública y la ciudadanía. Debe darse en condiciones de respeto,
reconocimiento y libertad de manifestar desacuerdos. Si las organizaciones
responden con prontitud, responsabilidad y eficiencia tienen derecho a
reclamar, también, el crédito por el éxito de las acciones compartidas. Cuando
decae el liderazgo y la convocatoria del sector público, no se valoran los
aportes de las organizaciones del sector social, o se establecen preferencias,
la corresponsabilidad pierde sentido y la participación ciudadana pierde su
interés.
El interés público y no el particular deben primar en los
criterios de participación de las organizaciones del sector social
En
el decreto que regula el Comité Municipal de Familia tienen asiento diversas
organizaciones sociales que trabajan con y para las familias de la ciudad como
las iglesias, las universidades, las ONG, las asociaciones de padres de familia
y las cajas de compensación familiar. Cada una de estas organizaciones enfoca y
aborda la intervención familiar desde su propia concepción, metodología y
normatividad: desde la doctrina religiosa, desde la investigación y la
práctica, desde la promoción, prevención y la terapia, o desde la prestación de
un derecho laboral. Dejar de lado las diferencias y construir en forma conjunta
la política pública es la tarea primordial de las organizaciones del sector
social en dicho comité. Aquí el liderazgo de los funcionarios públicos es
primordial para la fijación del norte y el mantenimiento del consenso.
Determinar y mantener a las familias como el eje central y
articulador de los programas a todos los grupos poblacionales y etáreos
A
excepción del abandono o la desintegración, la familia es el único grupo
primario que acompaña a las personas en todas las etapas del ciclo vital.
Infantes, jóvenes, adultos, ancianos, hombres y mujeres nacen y mueren en medio
de relaciones familiares. Si bien la Constitución Política de 1991 reconoció y
dio derechos a los grupos poblacionales, esto dio pie a la fragmentación y
dispersión de la política social desde el Estado. La creación de consejerías y
oficinas de la niñez, la juventud, la mujer, y la tercera edad se realizó sin
una perspectiva y enfoque de familia. Retomar la recomendación del Diagnóstico
Social de 1995 de considerar a la familia como eje central es apuntar a
fomentar el encuentro generacional, la equidad y la integración social en las
políticas sociales especialmente en los grupos más pobres y vulnerables de la
ciudad. Para el año 2050 se estima que la población colombiana será de
71.500.000 personas, cambiando la pirámide demográfica a un rectángulo como
resultado del envejecimiento de la población. Esto implica cambios en la
composición de las familias y nuevas realidades de atención para todos los
grupos poblacionales.
Apoyar y acompañar a las familias en el desempeño de sus
funciones vitales
El
municipio no tiene competencia en intervenir o en regular la vida privada y el
destino de las familias. El verdadero alcance y acierto de una política pública
hacia las familias está en apoyar y acompañarlas en el desempeño de sus
funciones vitales tanto las que tienen que ver con la satisfacción de sus
necesidades materiales como de las psicosociales. La política tiene que tener
un doble propósito: uno, el específico de los asuntos familiares y el otro,
asegurar que toda la política social tenga que ver con la supervivencia de las
familias. En la medida que se cumpla con los anteriores propósitos se estará no
sólo fortaleciendo las capacidades internas de las familias para un adecuado
cumplimiento de sus funciones vitales sino, además, previniendo la aparición y
el incremento de las patologías sociales ya comentadas. Las omisiones, la falta
de apoyo y acompañamiento constante y decidido del Estado y la sociedad para
con el bienestar de las familias se revierte en malestar para las personas y en
problemas de atención para la convivencia, la legitimidad y seguridad públicas.
Ante
el impacto de la crisis económica de los últimos años y la escalada de la
violencia las familias colombianas han reducido y mitigado el riesgo para las
personas ante la precariedad de otras instancias de apoyo y protección. Ante el
secuestro, la desaparición y el desplazamiento forzado las familias se muestran
no como víctimas sino como sobrevivientes que intentan afrontar con sus
fortalezas internas la amenaza de desintegración de estos eventos
catastróficos. La superación de la pobreza, que tiene sumida al 60% de la
población colombiana y la resolución del conflicto armado, que destruye todo
tipo de capital, son obstáculos que impiden el bienestar y calidad de vida de
nuestras familias y es aquí donde el Estado, la sociedad y la comunidad
internacional deben seguir obrando para apoyar y acompañar con efectividad la
vida cotidiana de las familias[7]
CONCLUSIÓN
La
principal lección aprendida del proceso es que no basta convocar, formular y
participar en la elaboración y puesta en práctica de una política pública, en
este caso de familia, sino se construye y mantiene en el tiempo una
institucionalidad legítima que asegure la permanencia y el interés de los
actores sociales y organizaciones de la sociedad civil por acompañar,
monitorear y hacer veeduría de las actuaciones del Estado y sus representantes. Los actores sociales y las organizaciones de la sociedad civil deben ser la
memoria y fungir como custodios de las políticas públicas y de la ejecución de
programas y proyectos, no solo ser invitados, por parte del Estado, a
validar y legitimar las propuestas de políticas
gubernamentales. El Estado, por su
parte, mediante sus funcionarios y las instituciones, debe asegurar el
compromiso, la responsabilidad y la voluntad política independiente de los
cambios de administración. Establecer confianza y reglas claras entre el Estado y
la sociedad civil son claves para obtener resultados tangibles y perdurables en el
tiempo.
Decíamos en la presentación que la ciudad de Medellín ha sido, en estos 22 años
transcurridos, observatorio y laboratorio en el trabajo con las familias;
reconocida y valorada por su liderazgo en la política pública, los programas,
los proyectos y las alianzas entre la municipalidad, la academia y las
organizaciones sociales frente al tema de familia. Lo más importante y
trascendente de todo, es que por fin el tema de familia ha dejado de ser la
“cenicienta” de las políticas sociales y es ya protagonista de primer orden en
la agenda política y pública del país. Hemos pasado de considerar a la familia
como célula de la sociedad (enfoque biológico) a ver en ella la principal
agencia de formación de ser humano a la par que un sujeto colectivo de
derechos, actor de su propio destino y proyecto de vida.
(Fuente de consulta del material bibliográfico: Centro
Documental de la Fundación Bien Humano www.bienhumano.org/centro-documental/colecciones )
[1]
Municipio de Medellín. Secretaria de Bienestar Social. Conclusiones del
Seminario Taller: “Hacia una política de bienestar social”. Medellín.
Septiembre 1992
[2]Ibíd.
pág:19
[3]
Bases para la formulación de una política de atención integral a la familia.
Secretaría de Bienestar Social, Concejo Municipal y Comité Interinstitucional
de Familia CIF. Marzo de 1994. Medellín
[4]
La Fundación para el Bienestar Humano, el Centro Persona y Familia, El
Instituto Psicoeducativo de Colombia IPSICOL, los Centros de Formación
Familiar, la Corporación para la Educación Permanente de la Familia CEPAS y el
Instituto de Apoyo a la Familia IDEAF.
[5]
Diagnóstico Social de Medellín. Secretaría de Bienestar Social. Medellín. Pag:
234. 1996
[6]
Acuerdo Municipal N° 12 de 2001. Gaceta Oficial N°| 1539. Pág: 18. Julio 6 de
2001. Medellín.
[7]
Familias colombianas: estrategias frente al riesgo. Departamento Nacional de Planeación. Bogotá. 2002.
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